La oposición en Argentina criticó este jueves una medida que tomó el Senado, presidido por la vicepresidenta, Cristina Fernández, que iría en contra de un fallo de la Corte Suprema de Justicia respecto del nombramiento de los codiciados puestos en el Consejo de la Magistratura.
La Corte Suprema había anulado hace una semana la designación de dos senadores oficialistas en el órgano que se encarga de nombrar, sancionar y remover jueces en Argentina, debido que consideró que la presidencia del Senado se apartó de las reglas cuando el bloque oficialista Frente de Todos se dividió para arrebatar a la oposición el lugar de la segunda minoría.
En respuesta, este miércoles el bloque oficialista en el Senado llevó al pleno el decreto de designación de los senadores cuestionados -en particular, Claudio Doñate- desoyendo y criticando el fallo de la Corte -que había dado lugar al nombramiento del opositor Luis Juez- para que la votación le diera respaldo político.
“Cristina Kirchner volvió a no cumplir con la ley. Ayer pasó una raya y más porque es un fallo de la Corte”, dijo este jueves el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, integrante de la principal coalición opositora Juntos por el Cambio y uno de los rostros más posicionados para las elecciones presidenciales de 2023.
“Nosotros vamos a insistir por los canales institucionales, como corresponde. Vamos a ir a la Justicia y no tengo ninguna duda de que Luis Juez es y va a ser el representante del Senado en el Consejo de la Magistratura”, agregó en un acto por la apertura de una calle en la capital.
Denuncia ante tribunales
Otro opositor, el diputado liberal José Luis Espert, de la agrupación Avanza Libertad, anunció que presentó una denuncia penal contra Cristina Fernández y los senadores “que ayer atentaron contra la democracia” y por el delito “de desobediencia agravada” por desconocer un fallo del Supremo.
Esta instancia es una más de los enfrentamientos entre el Ejecutivo y la Corte Suprema por el Consejo de la Magistratura.
El órgano que fue creado con la reforma constitucional de 1994, tenía inicialmente 20 miembros, pero por una reforma impulsada en 2006 por la entonces senadora y actual vicepresidenta del país, Cristina Fernández, pasó a tener trece integrantes, una integración que fue objetada en la Justicia y que a fines de 2021 la Corte Suprema declaró inconstitucional.
Ante la falta de la sanción de una ley para organizar el Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema asumió en abril pasado la presidencia del órgano profundizando la disputa política con el Poder Ejecutivo, en especial con el sector que responde a la exmandataria Cristina Fernández (2007-2015).