Cuba lleva a referendo este domingo el Código de las familias, un paquete legislativo que incluye el matrimonio igualitario y la gestación subrogada, en una votación inusual, controvertida y de resultado incierto.
El texto, que sustituye a una normativa de 1975, contempla el matrimonio entre personas del mismo sexo y la posibilidad de que adopten.
La norma regula además el embarazo “solidario”, la responsabilidad de los progenitores con sus hijos y el cuidado de las personas mayores. Esto, además de prohibir el matrimonio infantil y abordar la violencia de género.
El Gobierno cubano y todas las estructuras del Estado se han volcado en la campaña por el “sí”, incluida la Comisión Electoral Nacional (CEN) y el Tribunal Supremo, con continuos mensajes desde hace semanas en medios oficiales y redes sociales.
Argumentan que el código atiende a la realidad actual de las familias cubanas, amplía derechos y protege mejor a menores, mayores, personas con discapacidad y colectivos vulnerables.
La directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), Mariela Castro, destacó que el código responde a una “ampliación de derechos” en el ámbito del derecho familiar.
Argumentos para el “no” para el matrimonio igualitario en Cuba
El “no”, por su parte, no ha tenido una campaña articulada ni presencia en los medios oficiales. En redes sociales activistas y algunas instituciones y colectivos han abogado por la abstención o el rechazo a la ley.
Su oposición es en ocasiones rechazo al contenido, y particularmente a que los homosexuales puedan casarse y adoptar. Éste es el caso de la Iglesia católica, que recientemente criticó en un comunicado de la Conferencia Episcopal estos puntos y pidió votar “en conciencia”.
Pero el rechazo es también político. Opositores, disidentes y activistas aseguran que se abstendrán o votarán en contra porque consideran que el “sí” conlleva la legitimación del sistema político comunista con el que no están de acuerdo.
La opositora y exprisionera política cubana Marta Beatriz Roque explicó a Efe que si pudiera votar -tiene los derechos civiles suspendidos por una condena- optaría por la abstención.
“Yo no estoy ni por el sí ni por el no, ni por nada, porque conozco la dictadura, se cómo trabaja y estoy convencida de que en estos momentos ya se sabe lo que va a ser el resultado de este plebiscito”, sostiene.
La periodista independiente María Matienzo también considera que la mejor opción es la abstención al entender que este referendo tiene carácter plebiscitario y a pesar de pertenecer al colectivo LGBTIQ.
“Los derechos civiles no son unos más importantes que otros. Yo no tengo derechos como ciudadana solo por el hecho de que se me permita casarme”, aseguró a Efe Matienzo, que echó en falta un “perdón” del Gobierno por el pasado homófobo de la revolución.
Sondeos, abstención y preparativos
No obstante, ante la ausencia de sondeos públicos, es difícil ponderar la fuerza de cada campo ante el referendo, el tercero que se realiza en Cuba desde el triunfo de la revolución en 1959 y el primero sobre una ley particular.
Los expertos tampoco se atreven a pronosticar el volumen de la abstención y su posible significado en términos de desentendimiento político o rechazo al proceso.
La CEN asegura que todo está preparado para el buen desarrollo de la consulta. Más de ocho millones de cubanos están llamados a las urnas en unos 24.000 colegios electorales.
Los cubanos que han emigrado o se han exiliado y no tienen su residencia en Cuba -un colectivo que suma unos dos millones de personas, según estimaciones- no tienen derecho a participar.
Algunas ONG han destacado las dudas que les suscita esta consulta, como es el caso de Transparencia Electoral.
Su director, Leandro Querido, criticó en una entrevista que se ha tratado de una campaña sin “garantías”. Agregó que la jornada electoral no cuenta con observadores internacionales y que, sin “controles cruzados”, los resultados serán “inverificables”.