Jefes de los servicios de inteligencia civil y militar de Venezuela han cometido crímenes de lesa humanidad para reprimir a la oposición, acciones ordenadas directamente por Nicolás Maduro y sus colaboradores más próximos, denunció hoy la ONU.
“Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel (…) fueron los artífices en el diseño, implementación y mantenimiento de una maquinaria para reprimir a la disidencia”.
Así lo señaló hoy una misión internacional de investigación creada por Naciones Unidas para Venezuela.
“El Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y a sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual”, afirma un extenso informe que la misión presentó a la prensa.
Informe de la ONU por Venezuela y Nicolás Maduro
Este informe ahonda en los hallazgos que esta misma misión expuso en 2020 y ahora se centra en las actividades de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
En el caso del Sebin, el informe señala como responsables al actual director general, Gustavo Enrique González, al director del Helicoide (principal centro de detención) entre 2014 y 2018, Carlos Alberto Calderón; y a su número dos en ese periodo, Ronny González.
En la Dgcim se menciona al director general Iván Rafael Hernández, y a antiguos responsables de distintos estamentos del organismo. Algunos de ellos son Rafael Antonio Franco, Hannover Esteban Guerrero y Alexander Enrique Granko.
No obstante, se precisa que las actuaciones de todos ellos eran el producto de ordenes directas de Maduro y, en el caso del Sebin, también de Diosdado Cabello, su primer vicepresidente.
“Los actos de violencia documentados no fueron realizados por individuos aislados y sin conexión actuando solos dentro del Sebin y la Dgcim. Estas violaciones fueron parte de una política deliberada del gobierno para silenciar la oposición”, enfatiza el informe.
Aunque los casos denunciados pertenecen especialmente a los años 2017, 2018 y 2019, las violaciones y los crímenes del Sebin y la Dgcim continúan hasta hoy.
Lo anterior, manteniéndose las mismas estructuras, patrones y prácticas, afirma la misión, dirigida por la jurista Marta Valiñas.