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La militarización alcanza en México niveles récord sin mejorar la seguridad y poniendo en peligro la democracia, advierten expertos en entrevista con DW.
Bajo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, las Fuerzas Armadas han ampliado su papel y asumen cada vez más funciones en México.
Los crecientes roles de los militares están alarmando a investigadores y organizaciones de la sociedad civil, que recientemente publicaron un estudio documentando y cifrando ese fenómeno.
Desde la desmilitarización a la alianza con el Ejército
“López Obrador hizo campaña prometiendo sacar a los militares de las calles, pero aún antes de asumir, y luego de una reunión con los militares en 2018, cambió de opinión y diseñó una Guardia Nacional altamente militarizada para asumir funciones de seguridad pública”.
Así lo destaca Alejandro Madrazo, fundador del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
“Hubo una voltereta, y desde ese momento, López Obrador forja una alianza con el Ejército”, dijo en entrevista con DW.
Una alianza que sigue más firme que nunca.
Hace apenas hace unos días, el presidente anunció que la Marina -que ya controla aduanas y el comercio marítimo- asumirá el control de los aeropuertos de Guaymas y Ciudad Obregón.
También desató polémica con su anuncio de transferir el mando de la Guardia Nacional a los militares, algo que contraviene la ley y la Constitución, donde se estipula que la seguridad pública debe estar bajo mando civil.
Transferencia récord de funciones a los militares en México
Eso es solo la punta del iceberg.
En los últimos tres años y medio, los militares han asumido el control de Aduanas, de la construcción del Tren Maya, del Tren Transístmico, del Banco del Bienestar, del nuevo aeropuerto capitalino Felipe Ángeles, así como de la custodia y traslado de las vacunas contra el COVID-19 y la implementación del programa de reforestación Sembrando Vida.
Además, obtuvieron el derecho de recaudar de manera autónoma las ganancias generadas, por ejemplo, por el Tren Maya, que no solamente será construido, sino también administrado por los militares.
Estos dispondrán a discreción de los ingresos generados por él.
En total, subraya Lisa Sánchez, de la organización México Unido contra la Delincuencia (MUCD), los militares asumen hoy 223 funciones, de las cuáles cien están totalmente ajenas a la seguridad pública y la defensa nacional.
“El 53% de las funciones se ha transferido en esta administración. Es un récord”, explica a la DW la politóloga, graduada en la Sorbona de París y la London School of Economics.
Acumulación de recursos financieros
En el “Inventario Nacional de lo Militarizado” que publican MUCD y CIDE en conjunto, se ve que la acumulación de funciones tuvo una correlación monetaria: “Desde 2006 a 2021, el presupuesto de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) creció en 163%”, dice Sánchez, con lo cual la Sedena pasó de la novena a la quinta dependencia con más presupuesto, y será la segunda cuando asuma el control de la Guardia Nacional.
Ninguna otra Secretaría, según el estudio, ha tenido ese aumento, por el contrario, muchas han perdido presupuesto, como, por ejemplo, Comunicaciones y Transportes, y Medio Ambiente.
La militarización tiene un costo oculto, advierte Sánchez: “Así se pauperiza a los policías, a los ministerios públicos y a la investigación criminal”.
“Eso, sin mencionar los convenios que hace el Ejército con los estados y los municipios”, añade el jurista Madrazo.
“No solo obtienen dinero del presupuesto, también tienen ingresos aparte.” Según el investigador, eso responde a una estrategia de larga data de las Fuerzas Armadas.
Según sus investigaciones, desde el levantamiento zapatista, en 1994, el Ejército ha impulsado reformas para tener mayores espacios en la seguridad pública.
“En los hechos, todos los presidentes, desde Ernesto Zedillo, han dado mayor participación al Ejército, aunque en el derecho, desde el Congreso y la Corte Suprema, sistemáticamente se les ha negado o limitado.”
Debilitando la democracia, sin mejoras en seguridad
Esta militarización contraviene acuerdos internacionales en derechos humanos que México ha firmado, y contribuye así a debilitar el Estado de derecho y la democracia, destacan los investigadores.
“Hay una opacidad sobre el destino de los recursos”, critica Sánchez, “ya que las Fuerzas Armadas tienen la potestad de clasificarlos como ‘reservados’ por seguridad nacional, y así impedir una rendición de cuentas.” Para la politóloga, ese empoderamiento militar afecta la subordinación de esa fueza a la autoridad civil.
Madrazo hasta habla de un “cogobierno cívico-militar”.
La militarización, sin embargo, no corresponde a una mejora en la seguridad, destaca Madrazo. “Durante este gobierno, las cifras de homicidios han llegado a niveles récord”, con un promedio de 36 mil asesinatos por año.
Los militares además, han sido señalados como responsables de graves violaciones a los derechos humanos, estando implicados en casos de ejecuciones extrajudiciales.
Se suman la desaparición forzada (en el caso Ayotzinapa), crímenes en los cuáles hubo impunidad y obstrucción de la justicia por parte de los uniformados.
¿La táctica del avestruz en México?
Cabe entonces preguntar por qué insisten los políticos mexicanos en impulsar una estrategia fallida y antidemocrática. Ambos investigadores admiten que no hay una explicación clara.
Sánchez cree que, al transferir el combate de la inseguridad a las Fuerzas Armadas, los políticos adoptan la táctica de avestruz: “Políticamente hay incentivos para entregar más funciones a los militares, porque así eluden su responsabilidad”.
Madrazo considera que el presidente “está profundamente presionado por el Ejército” para que le ceda espacios.
En la opinión pública, sin embargo, no se percibe la militarización como algo peligroso.
El Ejército y la Marina mexicanos son las instituciones del país con mayor nivel de confianza de la población. Esto, con un 63%, seguidos de la Guardia Nacional, con un 60 %, y del Instituto Nacional Electoral, con 59%, según la última Encuesta Nacional de Cultura Cívica.
Un 77% de los mexicanos está de acuerdo con un gobierno encabezado por un líder fuerte, y un 40%, con un gobierno encabezado por militares.
