La Fiscalía argentina solicitó la inhabilitación perpetua de la vicepresidenta, Cristina Fernández, para ocupar cargos públicos, así como una pena de 12 años de prisión por considerarla responsable de un presunto entramado ilegal para defraudar al Estado mediante la concesión de obras públicas en Santa Cruz.
El Ministerio Público estima en 5.231 millones de pesos argentinos (más de 36 mil millones de pesos chilenos) la cantidad defrauda por una red que salpica también al difunto marido de la vicepresidenta, Néstor Kirchner, y a exfuncionarios como el exministro Julio de Vido.
El fiscal Diego Luciani anunció que, con excepción del empresario Lázaro Báez, “se va a solicitar la imposibilidad de ocupar cargos públicos” de todos los imputados, incluida Fernández, que siempre ha alegado que las múltiples causas judiciales abiertas contra ella forman parte de una persecución política.
“Su condición de presidenta de la nación en el momento de los hechos hace que haya defraudado al Estado y a sus votantes”, sostuvo el fiscal. “Interpuso su interés personal sobre el interés público”, dijo Luciani, lamentó según el diario La Nación.
La vicepresidenta no está presente en esta parte del proceso, ya que quedó exenta por su actual cargo, pero desde Twitter anunció por sorpresa que solicitó volver a declarar este mismo miércoles, dado que los fiscales “montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas”.
Está previsto que los alegatos finales de las defensas arranquen el 5 de septiembre y que la sentencia se conozca ya en diciembre.
Sin embargo, un hipotético fallo condenatorio previsiblemente daría pie a una cadena de recursos y la sentencia podría no ser firme hasta dentro de varios años, lo que dejaría en suspenso tanto la inhabilitación como una posible entrada en prisión.