La publicación del informe la semana pasada desencadenó una batería de órdenes de arresto, entre ellas la del exfiscal general Jesús Murillo. La Fiscalía le acusa de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia por su papel en un caso que, a ojos de los investigadores, fue un “crimen de Estado”.
López Obrador ha subrayado en rueda de prensa que dicho informe no solicita una investigación o el arresto de Peña Nieto, ni tampoco del exministro de Defensa Salvador Cienfuegos, según informa el diario Milenio.
“Hay una gran corresponsabilidad de muchos, pero los que participaron de manera directa son los que están siendo juzgados”, ha explicado el mandatario ante los medios, insistiendo en que su Gobierno trabaja para “que no haya impunidad”.
La comisión ha dado por muertos a los 43 estudiantes de una escuela de Ayotzinapa, después de años en los que se han sucedido todo tipo de versiones sobre unos hechos en los que estuvieron implicados miembros de la banda armada Guerreros Unidos pero también funcionarios de seguridad.
El presidente ha llamado a examinar dos variables distintas. Por un lado, estarían los aspectos relacionados con “el lamentable sacrificio” de los estudiantes, atacados en la zona de Iguala en septiembre de 2014.
Por otra parte, estaría “la actitud de las autoridades”, en palabras de López Obrador. Así, ha llamado a esclarecer cómo hubo connivencia “para ocultar los hechos” para, en última instancia, “fabricar” una versión que evitase rendir cuentas.