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El Congreso de Perú propone un documento en el que pedirá la inhabilitación política durante 5 años para el presidente Pedro Castillo. Se le acusa por presuntas infracciones a la constitución y de “traición a la Patria”. A esto se le suman las investigaciones a su esposa y cuñada.
Este martes, el medio local ‘Epicentro TV’ reveló un informe presentado por el congresista Wilson Soto en el cual se busca la inhabilitación política de Pedro Castillo tras unas declaraciones sobre una eventual salida al mar para Bolivia. El documento sería entregado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
En el informe de 89 páginas se explica que Castillo habría hecho declaraciones que “no encarnan el deseo de la Nación”, luego de señalar su intención de preguntarle a los peruanos sobre si se le debería dar salida al mar al país vecino.
En una entrevista en enero de este año, el periodista Fernando del Rincón de la cadena CNN le preguntó a Castillo sobre una opinión que el mandatario había hecho en 2018, donde manifestaba que estaba a favor de que Bolivia tuviese salida al mar.
“No lo dije como presidente. Es una idea. Pero ahora le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste. Si el Perú está de acuerdo… jamás haría cosas que el pueblo no quiera”, dijo el mandatario a comienzo de año.
“Yo no le estoy diciendo que le voy a dar el mar para Bolivia”, agregó Castillo. Por su parte, el congresista Soto aseguró que las declaraciones del presidente las hizo sin pensar que “el territorio nacional es inalienable e inviolable, declaración que vulneraría mandatos constitucionales, como los denunciados y analizados, poniendo en riesgo la integridad y soberanía territorial del Estado, pese a estar obligado a protegerlo y hacerlo respetar”.
La defensa de Castillo rechazó vigorosamente el informe presentado por Soto. “Tiene muchas hojas, pero ningún argumento jurídico serio”, dijo Benjo Espinoza, abogado del presidente peruano.
Durante una visita de trabajo a la ciudad de Arequipa, Castillo aseguró que no responderá sobre el tema.
El delito por el que el presidente peruano es acusado, se encuentra consignado en el artículo 325 del Código Penal de Perú y, según Soto, fue cometido en grado de tentativa. Al conocerse la propuesta, la legisladora Gladys Echaíz, del partido ultraderechista Renovación Popular, se declaró a favor de la denuncia contra Castillo, porque según ella, es un hecho grave.
“No estamos tras la persecución de una persona, simplemente analizamos hechos, verificamos comportamientos y aplicamos el ordenamiento legal”, expresó Echaíz.
Frente a las declaraciones de Castillo, el Gobierno boliviano reaccionó inmediatamente. El presidente de la Cámara de Diputados de ese país, Fredy Mamani Laura, celebró la “predisposición” de Castillo por tener la intención de realizar la consulta.
Bolivia perdió acceso al mar, entre el desierto de Atacama y los valles de Moquegua, en la guerra del Pacífico entre 1879 y 1883. Los aliados Perú y Bolivia se enfrentaron en contra de Chile dando como resultado el aislamiento de Bolivia frente al océano.
Desde 1992, Perú le cedió una playa de 20 kilómetros a Bolivia, la cual se puede recorrer en su totalidad en 20 minutos en auto y se encuentra a 462 kilómetros de La Paz. Esta salida al mar se denomina Bolivia Mar o Boliviamar, sin embargo, está abandonada por parte de los dos Estados.
El incierto futuro de Castillo al mando
El nivel de desaprobación del exprofesor llega al 76%, la peor cifra desde que asumió el mando hace poco más de un año. Actualmente, el mandatario peruano afronta cinco investigaciones preliminares de la Fiscalía por casos de presunta corrupción, delitos de organización criminal o tráfico de influencias, entre otras.
Para que la propuesta presentada este martes prospere y sea un hecho, debe ser evaluada y votada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En caso de ser aprobada, el Congreso tendrá que pasar a debatirla para tomar la última decisión.
El pasado 4 de agosto, el mandatario peruano asistió a la Fiscalía General de la Nación para declarar en un interrogatorio sobre supuestas interferencias en el proceso de ascensos de personal de las fuerzas militares.
Allí, el mandatario insistió en su inocencia y se negó a responder el cuestionamiento en el caso que lidera la recién elegida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
“El presidente ha negado los cargos, ha ratificado su inocencia y luego ha señalado que más adelante, cuando se le convoque, va a declarar pero que, por este momento, va a ejercer su derecho constitucional, legal y convencional a guardar silencio”, dijo el abogado Espinoza.
De igual manera, su defensa pidió reprogramar otras dos citaciones por investigaciones de licitación indebida en contratos de biodiesel y un supuesto encubrimiento a exfuncionarios.
Como piezas de dominó
No solamente el presidente se ha visto salpicado por las acusaciones. Este martes, la Fiscalía de Perú interrogó a Lilia Paredes, la primera dama, por una investigación de un “presunto cobro indebido en agravio del Estado”.
A la pareja de docentes se le acusa de plagio en una tesis de maestría presentada en la Universidad César Vallejo, en la ciudad de Trujillo. Este caso fue abierto en mayo, cuando un programa de televisión dijo haber encontrado 54% de coincidencias con otros autores no mencionados en la bibliografía.
La Fiscalía les acusa por los delitos de plagio agravado, falsedad genérica y cobro indebido en agravio del Estado.
“Me siento feliz por haber encaminado (una maestría) con mi propio sudor, haciendo un esfuerzo y llevando a cabo esta maestría. El trabajo lo hicimos en los niños de tercer y cuarto grado de mi escuela. No creo que se haya dado otra investigación con esos niños y esa comunidad. La investigación la hicimos con mi esposa Lilia”, dijo Castillo en junio.
Una medida para la cuñada de Castillo
La Justicia peruana ordenó la detención durante diez días de la cuñada del presidente Castillo, Yenifer Paredes, quien está siendo investigada por presunto tráfico de influencias en una obra de la región de Cajamarca, de donde es oriundo Castillo.
Las autoridades peruanas acudieron en la noche de este martes (hora local) al Palacio de Gobierno con el fin de detener a Paredes, sin encontrarla en las instalaciones. Un equipo especial de la Fiscalía pidió las grabaciones de las cámaras de seguridad de la última semana.
La investigación de la cuñada de Castillo se abrió cuando el programa de la cadena América Televisión difundió un video en el cual la joven dialogaba con vecinos de una comunidad para informarles que necesitaba censarlos con el fin de realizar una obra de saneamiento, a pesar de no ocupar ningún cargo en el Ejecutivo.
Por este caso, Paredes y la primera dama acudieron a declarar ante el Ministerio Público. A este escándalo se le suma la salida del ministro del Interior el viernes pasado, quien lideraba la investigación.
Cambios en el Ejecutivo
El pasado viernes el presidente peruano reorganizó su gabinete, realizando seis cambios en los dirigentes de los ministerios de Relaciones Exteriores, Trabajo, Transporte, Economía y Vivienda.
Entre tanto, mantuvo al primer ministro Aníbal Torres en su cargo, quien había presentado su renuncia hace unos días pero Castillo negó irrevocablemente. La permanencia de Torres en su cargo significa que el Ejecutivo no tendrá que buscar un nuevo voto por parte del Congreso, con el cual muy difícilmente contaría.
La declarada guerra entre Castillo y el Congreso
Durante un año, el Ejecutivo y el Legislativo se han visto constantemente enfrentados. El pleito más reciente sucedió la semana pasada, cuando el Congreso no autorizó su viaje a Colombia para asistir a la posesión del recién electo Gustavo Petro.
Los legisladores negaron su permiso de salida del país argumentando que Castillo no representaría bien al país por tener tantas investigaciones en su contra e inestabilidad en su Gobierno.
La decisión ha sido vista por la opinión pública como una gran medida que no se veía desde el Gobierno de Alejandro Toledo en los primeros años de la década del 2000. Así se demuestra la dificultad en la relación, al tener 67 votos en contra y 24 a favor para que pudiera viajar a Bogotá.
A esto se le suman los dos intentos de la oposición por sacarlo del poder: la primera vez fue en noviembre de 2021, cuando fue acusado de “permanente incapacidad moral”, sin lograr la fuerza necesaria para apartarlo del poder.
A pesar de la tensa relación con el Congreso, el 28 de marzo de este año fue absuelto luego de obtener 55 votos para que saliera de los 87 que se necesitaban para que se apartara de su cargo.
Entre escándalos e inestabilidad política, Pedro Castillo continuará su fracturado mandato mientras las instituciones competentes realizan las investigaciones por los casos en los que se le acusa.
