El jefe de Estado ofreció declaraciones a la prensa en el patio del Palacio de Gobierno, donde expresó que no forma parte “de ninguna red criminal” y subrayó que eso le dijo “a la fiscal de la Nación”.
“Y voy a demostrar donde sea mi inocencia. A nadie he robado, a nadie he matado”, enfatizó.
Castillo añadió que no se va a someter a los “casos mediáticos”, abiertos a partir de las revelaciones periodísticas, al considerar que se ha creado “una pirámide para hacer creer al pueblo que, por un testigo o un pseudocolaborador”, él “ha robado”.
En ese sentido, el mandatario afirmó que acudirá a responder a las citaciones de la Fiscalía las veces que sean necesarias, dado que esta fue la segunda ocasión en que se presentó en el despacho de Benavides, y recordó que el próximo martes tiene que acudir a otra diligencia programada por la fiscal general.
Castillo se retiró de la oficina de la fiscal de la Nación al cabo de una hora, tras acudir para responder a un interrogatorio sobre la investigación abierta contra él por el presunto delito de tráfico de influencias durante el proceso de ascensos en las fuerzas militares y policiales del año pasado.
El gobernante retornó a pie a Palacio de Gobierno, desde la sede de la Fiscalía, en el centro de Lima, acompañado por sus abogados y seguido por simpatizantes de gremios de trabajadores que vitoreaban “Pedro, amigo, el pueblo está contigo”.
Castillo aceptó ir a la oficina de Benavides, después de que esta rechazara el pedido de sus abogados de acudir a Palacio de Gobierno a tomar sus declaraciones.
La fiscal general explicó que el mandatario es investigado en este caso, y no testigo, razón por la cual no procede que ella acuda al despacho presidencial.
A través de un mensaje en Twitter, Castillo afirmó que respalda a sus abogados Benji Espinoza y Eduardo Pachas respecto a su derecho a declarar en el Palacio de Gobierno, pero que les había pedido que lo acompañen hoy a la Fiscalía para “defender” su “inocencia” y “colaborar siempre con la justicia”.
El mandatario se dirigió a pie, acompañado por sus abogados, rodeado de un nutrido resguardo policial, hasta las oficinas de la Fiscalía, cercana al Palacio de Gobierno.
De acuerdo con la denuncia abierta en la fiscalía, Castillo es sospechoso de haber concedido los ascensos a dos oficiales del Ejército, tres de la Fuerza Aérea y dos de la Policía Nacional de forma irregular y con la participación del exministro de Defensa Walter Ayala y su exsecretario presidencial Bruno Pacheco, implicado también en otros casos contra el mandatario.
Pacheco se entregó a la justicia en julio, después de varios meses prófugo, y se ha ofrecido como colaborador de la Fiscalía en las investigaciones abiertas contra Castillo, que incluyen el delito de organización criminal, entre otros.
El jefe de Estado, que cumplió un año en el Ejecutivo el pasado 28 de julio, es investigado por presuntas irregularidades en la adjudicación de la construcción del puente Tarata, en la compra de biodiésel, en el supuesto plagio de su tesis de maestría, en los ascensos militares y en la supuesta obstrucción para la búsqueda y captura del exministro Juan Silva y su sobrino Fray Vásquez, implicados en estos casos. EFE