“La Fiscal de la Nación dispuso iniciar investigación al presidente de la República, Pedro Castillo, por presunto delito contra la Administración de Justicia- Encubrimiento Personal. Objeto de la misma son los recientes hechos referidos a los cambios en el sector interior”, publicó el Ministerio Público en su cuenta de Twitter.
Este martes, Castillo destituyó por sorpresa a González, que fue durante 15 días ministro del Interior, y quien horas después de su despido acusó en medios locales al presidente de estar “comprometido con actos de corrupción” y obstruir a la Justicia.
“Yo no tengo hoy ninguna duda del compromiso que el señor tiene con la corrupción. Y no tengo ninguna duda de que esta salida abrupta tiene que ver con obstruir la administración de la Justicia”, declaró este martes en Panamericana Televisión.
Según González, su destitución estuvo motivada porque Castillo no estaba conforme con la conformación de un equipo especial de la Policía Nacional para acompañar a una unidad creada recientemente por la Fiscalía que investiga delitos de corrupción entre funcionarios.
En ese sentido, González se había comprometido a localizar a los prófugos implicados en un presunto caso de corrupción abierto contra Castillo, entre ellos el exministro de Transportes Juan Silva, el exsecretario de Palacio Bruno Pacheco y un sobrino del mandatario, Fray Vásquez.
Los tres están denunciados por presunta organización criminal al supuestamente haber entregado dinero ilícito al mandatario a cambio de adjudicar obras de infraestructura a determinadas empresas.
Tras las acusaciones de González, la fiscal de la Nación de Perú, Patricia Benavides, citó al exministro este miércoles para que acudiera a la sede del Ministerio Público, donde declaró unas dos horas y media.
González también fue convocado por el Congreso, donde este jueves compadece frente a la Comisión de Fiscalización.
Esta investigación preliminar del Ministerio Público se suma a las otras tres que Castillo tiene abiertas: una por presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias en torno a contrataciones ilícitas en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, otra por supuestas irregularidades en ascensos en miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, y otra en relación al presunto plagio de su tesis doctoral.