El Ministerio Público informó, en un mensaje publicado en Twitter, que la decisión fue tomada por la fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides, quien dispuso “dejar sin efecto la disposición que suspendía” el inicio de esas diligencias.
La investigación preliminar había sido suspendida en enero pasado por Zoraida Ávalos, la entonces fiscal general, bajo el argumento de que el jefe de Estado no podía ser investigado mientras ejerza su mandato, una posición que también esgrime la defensa de Castillo.
Sin embargo, tras la decisión de Benavides, la Fiscalía investigará al gobernante por las presuntas reuniones que sostuvo con empresarios señalados como gestores de intereses y por supuestas irregularidades en los ascensos de altos mandos militares.
Esa investigación preliminar se realizará por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública -Tráfico de Influencias, en calidad de autor-, precisó la Fiscalía.
Benavides dispuso, además, que se cite a declarar a los empresarios Karelim López y Zamir Villaverde, quienes son investigados actualmente por otro caso de presunta corrupción, al exsecretario de la Presidencia Bruno Pacheco, quien figura como prófugo de la justicia, y a seis oficiales del Ejército del Perú, que no fueron identificados.
El gobernante peruano también está siendo investigado de manera preliminar por la Fiscalía de la Nación por las denuncias de que dirigió una presunta red de corrupción enquistada en el actual Ejecutivo, una acusación que rechaza de manera tajante.
Su defensa señala que todas esas pesquisas deben ser suspendidas, ya que considera que el gobernante goza de inmunidad absoluta durante su mandato, que debe finalizar el 28 de julio de 2026.
El pasado 3 de julio, la Justicia peruana admitió a trámite un recurso de apelación que presentó contra la decisión de declarar infundada la “tutela de derechos” que buscaba anular la primera investigación abierta por el ex fiscal general interino Pablo Sánchez en contra de Castillo.
Castillo fue interrogado a mediados de junio por Sánchez a partir de la hipótesis fiscal de que lideró una organización criminal presuntamente encargada de organizar la adjudicación de obras del Estado a empresarios que colaboraron con su campaña electoral y de nombrar a funcionarios afines a esa tarea.