Daniel Ortega, en el poder desde 2007, quedó reelegido para un quinto mandato de cinco años, el cuarto consecutivo, en las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021 en Nicaragua. Su esposa, Rosario Murillo, fue elegida vicepresidenta.
Fue una victoria previsible, ya que sus siete aspirantes opositores habían sido encarcelados previamente, mientras tres partidos políticos opositores habían sido ilegalizados.
La legitimidad de las elecciones de Nicaragua fue puesta en duda por grupos opositores, organizaciones defensoras de los derechos humanos, así como por la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y otros Estados.
Salida de la OEA
En el mismo mes de su reeleción, después de que la OEA descalificara las elecciones generales por falta de transparencia, el Gobierno de Nicaragua anunció su salida del organismo.
El proceso, de acuerdo a los protocolos, se debía de llevar acabo en un lapso de dos años.
Sin embargo, en el mes de abril, el Gobierno anunció su salida de la OEA con efecto inmediato, al tiempo que cerraba su oficina en Managua, al expropiar el edificio que el organismo alquilaba a particulares.
Ilegalización de organizaciones civiles y universidades
Desde el inicio de su quinto mandato, Ortega continuó la ilegalización masiva de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), en curso desde diciembre de 2018.
En total, son ya 758 las ONG a las que se les ha retirado el estatus de personas jurídicas a petición del presidente.
Entre las últimas organizaciones disueltas están la Asociación Misioneras de la Caridad de la Orden Madre Teresa de Calcuta y la Academia Nicaragüense de la Lengua, una entidad con 94 años de existencia.
Además, la Asamblea Nacional canceló los permisos de operación de cinco universidades en febrero.
Según la revista centroamericana de periodismo de investigación Expediente Público, hasta ese momento, al menos 18 casas.
El Gobierno legitima estos pasos alegando que las organizaciones han incumplido con sus obligaciones legales. Por ejemplo, al no reportar estados financieros detallados o no declararse como “agentes extranjeros”.
Juicios a opositores presos
A finales de enero, la Fiscalía de Nicaragua anunció la reapertura de juicios contra 46 opositores al Gobierno de Daniel Ortega. Entre ellos, contra siete exaspirantes a la presidencia, presos por cargos como “traición a la patria” y lavado de dinero.
Entre los presos, hay dirigentes políticos, estudiantes, periodistas, empresarios y miembros de la sociedad civil, a quienes la Fiscalía acusa de promover “actos terroristas y un intento de golpe de Estado en el 2018”.
Hasta ahora, han sido condenados a entre ocho y 13 años de prisión figuras públicas como la periodista y exaspirante presidencial Cristiana Chamorro y el exsacerdote Edgar Parrales.
Hugo Torres, exguerrillero sandinista, falleció bajo custodia policial en febrero, poco después de ser condenado a prisión por cargos similares.
Despojo de alcaldías municipales a la oposición
Este lunes cinco alcaldías en manos de la oposición nicaragüense fueron ocupadas por la Policía con fuerzas antimotines. Posteriormente, tomadas por concejales del gobernante Frente Saninista de Liberación Nacional (FSLN).
De las 153 alcaldías municipales del país, los sandinistas controlan ahora 140, mientras que 12 pertenecen al Partido Liberal Constitucionalista (PLC). A esto se suma una a la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), dos formaciones que colaboran con Ortega.
El observatorio de violencia política en Nicaragua “Urnas Abiertas” denunció a comienzos de julio, que Omar Gadea Tinoco, alcalde de uno de estos municipios ahora ocupados y opositor del presidente, se encuentra desaparecido.
Estos sucesos tienen lugar cuatro meses de los comicios municipales del próximo 6 de noviembre.