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A un año del asesinato del presidente Jovenel Moise en Haití, el país caribeño sigue necesitado de una ayuda internacional comprometida con el renacer institucional, dicen expertos a DW.
Con escasa resistencia, un comando de 28 mercenarios (la mayoría colombianos), asesinó al expresidente de Haití, Jovenel Moise, el 7 de julio de 2021, en su residencia privada. A un año del magnicidio, la crisis política se ha recrudecido, en un país que desde hace años no ve signos de progreso.
Pero el asesinato de Moise no es un hecho aislado. Para Kenberly Etienne, profesor de francés en el Colegio Chimalistac de la Ciudad de México, un punto clave para entender el contexto actual a gran escala es la fallida ayuda de la comunidad internacional, que abona a la fragilidad institucional.
Perjudicial “ayuda asistencialista”
Así, desde el golpe de Estado de 2004 contra el expresidente Bertrand Aristide, “las misiones de paz de la ONU han fallado, no hay paz”, señala Etienne. Los disturbios que dieron paso a la inestabilidad política, económica y social que se vive desde ese año y se extienden hasta hoy, insiste el profesor haitiano, quien salió de su “inhabitable” país en 2018.
Al poco tiempo del asesinato de Moise, el terremoto de agosto de 2021 supuso un nuevo golpe de la naturaleza a un Haití que todavía no se recuperaba del de 2010.
Pero, una y otra vez, el dinero destinado a la reconstrucción es una “ayuda asistencialista”, que no genera autogestión ni estructuras, pero sí refuerza la dependencia y la corrupción, apunta Jimena Esquivel, profesora del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana de la CDMX.
De acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la asistencia internacional destinada a Haití en 2020 fue de 449 millones de dólares. Pero en los centros para damnificados sigue habiendo trata de personas, drogas y violaciones sistematizadas, observa Kevin Castro, experto en relaciones internacionales del Tecnológico de Monterrey.
La ayuda no llega a la gente, porque la inyección de capital carece de estrategia y supervisión, señala.
Crisis de gobernabilidad y justicia inexistente
Luego del magnicidio, el Gobierno de transición del primer ministro Ariel Henry no ha podido crear un entorno político-electoral para celebrar comicios.
A la vulnerabilidad de Haití ante desastres naturales, la pobreza y la pandemia de coronavirus, se suma que “hay una gran cantidad de miembros del crimen organizado dentro de la cúpula política”, lo que da lugar a una crisis social, en la que falta apoyo de la comunidad internacional para revertirla, resume Castro.
Los rumores de que fue partícipe del asesinato del expresidente han generado un rechazo contra Henry: “Hay cierta legitimidad a nivel internacional del primer ministro, pero no dentro de la estructura política del país, ni en la sociedad”, sostiene el académico de Monterrey.
El vacío de poder legislativo y judicial es otra de las fracturas institucionales que hoy imposibilita que se juzgue el magnicidio de Moise.
“Todo juez encargado de tratar el caso tiene miedo por amenazas de muerte o secuestro de su familia”, añade el profesor Etienne. “La ONU debería apoyar el fortalecimiento institucional, como lo hizo en Afganistán”, sugiere Castro, especialista en solución de conflictos internacionales.
Un país dividido es un país débil
Dado el poco margen operativo de Henry, este académico mexicano teme que Haití se fragmente en pequeñas colonias, cada una controlada por una fracción del crimen organizado, en ausencia de una estructura política que pueda hacerle frente: los grupos políticos carecen de una base constitucional que haga viable siquiera proponer a un candidato presidencial.
Estas “juntas”, como les llama Castro, dividen más a un debilitado Haití, sin oposición unificada y con un Parlamento fracturado, coincide la analista Jimena Esquivel.
“El problema es que no hay un plan”, apunta Castro, para quien el país necesita un presidente que defina el funcionamiento de los poderes fácticos y la figura presidencial.
Mientras la ONU, de la mano de las instituciones que atienden a América Latina y el Caribe, tendría que generar una estrategia de gestión de elecciones y funcionamiento del Estado, dice: “Tiene que perder el miedo de involucrarse de una forma un poco más severa”.
