La población de El Salvador no tiene garantizados, hoy, todos sus derechos constitucionales. En la lucha contra la violencia de las denominadas maras, el Gobierno de Nayib Bukele lleva ya varias semanas con un régimen de excepción instaurado —aprobado por el Congreso, de mayoría oficialista—, con el que se han suspendido derechos como el de la defensa durante un proceso judicial.

Así, Gobierno de Bukele ha declarado una “guerra contra las pandillas” que mantuvieron por décadas aterrorizadas a las comunidades más vulnerables y pusieron al país centroamericano en el mapa de las naciones más violentas del planeta.

Según el gobernante, con esta estrategia, ahora El Salvador se mantiene sin homicidios y con miles de personas detenidas. Sin embargo, toda guerra tiene daños colaterales. Consciente de ello, Bukele aceptó —el 9 de abril de 2022— que se podría “esperar” un “porcentaje de error”.

Pero, si se vive en un Estado de derecho, ¿cómo se puede explicar esto?

Daños colaterales

El secretario general del Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador, Marvin Reyes, declara a Deutsche Welle que, “en las primeras semanas de la implementación del régimen de excepción, pudimos evidenciar aspectos que fueron motivo de denuncia por parte de nuestra organización”.

Según asegura, “jefes policiales estaban imponiendo cuotas de detenidos por día a los agentes y, si no se cumplía esta meta, el policía era amenazado con traslados a lugares lejanos de nuestro país o con sanciones disciplinarias por no cumplir con la disposición”. Según Reyes, esto “pudo haber propiciado que —para llegar a cubrir la meta de capturas diarias— se detuvieran personas que nada tenían que ver con pandillas”.

El agente asegura que las denuncias de la ciudadanía llegaron señalando, mayoritariamente, “a soldados que, sin tener autorización legal, ingresaban a las viviendas de los habitantes de diferentes zonas, registraban y acusaban a jóvenes de pertenecer a pandillas, cuando no había ningún argumento para tales señalamientos”.

Luego, los capturados “eran conducidos hacia las delegaciones policiales para que los agentes realizaran las diligencias respectivas y enviarlos a detención en bartolinas y, posteriormente, a los centros penitenciarios”.

Reyes afirma que “se calcula que 10% de los detenidos podría no tener ningún vínculo con pandillas y estar recluido en un penal siendo inocentes”. De acuerdo con el policía, hay unas 32.000 personas detenidas, en total, por vínculos con las maras.

La única solución a largo plazo: “estabilidad social, económica y política”

Por otra parte, el régimen de excepción sí ha traído un cambio: en algunas calles, se vive un ambiente de seguridad.

Además, “muchos comercios y negocios dejaron de ser extorsionados y se han reducido drásticamente los homicidios y las personas desaparecidas”, matiza el vocero.

No obstante, vaticina que tal situación podría ser temporal, “ya que los delincuentes podrían estar esperando que concluya el tiempo de la implementación del régimen de excepción, para reestructurarse y generar acciones contra las autoridades”, argumenta Reyes.

Su valoración se basa en que la cantidad de pandilleros “ronda los 70.000 en el caso de la pandilla MS, y alrededor de 20.000 de la pandilla 18”, y “miles todavía están libres, y sus familiares podrían ser fácilmente reclutados para reforzar la pandilla”.

Por ello, califica al régimen de excepción como “una acción contingencial para reprimir la acción de las pandillas”. Desde su punto de vista, a largo plazo, “la solución al problema de criminalidad en el país no es la implementación del régimen de excepción, sino generar las condiciones para que haya una estabilidad social, económica y política del pueblo salvadoreño”.

Entretanto, explica Reyes, la mayoría de quienes pertenecen a las pandillas, y que fueron capturados, están en las cárceles La Esperanza —conocida como Mariona— y el Penal de Izalco. “Gran parte de ellos sí permanecerán tras las rejas pagando condenas por pertenecer, ser líderes y colaborar con pandillas”.

Otro grupo, sostiene, “saldrá libre, al demostrar que no son miembros de pandillas y que, siendo inocentes, van a permanecer al menos 6 meses en prisión”.

Deutsche Welle solicitó una entrevista para conocer la postura del Gobierno de El Salvador, a través del secretario de Prensa de la Presidencia, pero no recibió respuesta.