Tres semanas después del hallazgo del cuerpo en las afueras de Monterrey (al norte del país), siguen abiertas todas las hipótesis, desde un feminicidio hasta un accidente, mientras llueven acusaciones de incapacidad contra las autoridades.
Entre fallas investigativas y una aparente falta de progresos, este domingo fue hallado en la periferia de Monterrey el cadáver de otra joven desaparecida el 31 de marzo: Yolanda Martínez, de 26 años.
La Fiscalía del estado de Nuevo León sospecha que Martínez, quien según su familia había salido a buscar trabajo, se suicidó.
En cuanto a Debanhi, de 18 años, solo ha confirmado que murió de un golpe en la cabeza y fue encontrada en el depósito de agua subterráneo de un motel, 12 días después de su desaparición tras asistir a una fiesta.
Los investigadores habían inspeccionado el lugar cuatro veces antes del hallazgo. Dos funcionarios de la Fiscalía fueron destituidos por “errores” y “omisiones”.
“Tenemos muchas pruebas de que a Debanhi la mataron y la sembraron (pusieron en el pozo)”, sostiene su padre, Mario Escobar, quien contrató una necropsia particular y denuncia amenazas en su contra.
“Se repiten la indolencia y poca capacidad para investigar, la criminalización de las víctimas y el riesgo de impunidad”, opina Valeria Moscoso, especialista en trabajo psicosocial.
Identidad social
Según la Fiscalía, en Nuevo León han sido asesinadas 56 mujeres este año, 42 en feminicidios. Además, se ha reportado la desaparición de unas 300, de las cuales 90% fueron localizadas.
El problema se extiende por todo México, donde en 2021 hubo 3.751 asesinatos de mujeres (1.004 clasificados como feminicidios), la mayoría impunes.
El país registra además una cifra escalofriante: casi 100.000 desaparecidos, la mayor parte desde que en 2006 se militarizó la lucha antidrogas.
En medio de esa vorágine de violencia, la muerte de Debanhi desató un interés inusitado en México, donde la crisis de los feminicidios se remonta a los años 1990 y golpea especialmente a mujeres pobres, muchas víctimas de sus parejas. También captó atención internacional.
Aunque no esté confirmado un feminicidio, el caso de la estudiante de Derecho “acerca la experiencia a sectores sociales más favorecidos, por tanto con más influencia mediática y política, que se consideran con menos probabilidad de sufrir esta violencia”, explica el sociólogo Christian Ascencio.
También “conecta con una aleatoriedad que hace pensar a muchas mujeres que podría ocurrirles” lo mismo porque, al igual que Debanhi, salen con amigas o usan taxis de aplicación por seguridad, añade el catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Tras un altercado con el conductor, Debanhi descendió del taxi en la “carretera de la muerte”, llamada así por la presencia del crimen organizado y porque en años recientes se reportaron allí unas 77 desapariciones.
El chofer, quien tomó la foto de la joven solitaria que viralizó el caso, niega estar detrás de su muerte.
Banalización
A falta de certezas, en redes sociales y algunos medios proliferan teorías sobre la tragedia, alentadas por videos difundidos o filtrados desde la Fiscalía.
Esas grabaciones de videovigilancia muestran el periplo de Debanhi tras dejar la fiesta, en medio de una discusión con un hombre, hasta llegar caminando sola al motel.
Una breve aparición por la ventana de un restaurante es su última imagen con vida, mientras la semana pasada fue encontrada una identificación suya en un condominio a 20 km del motel.
Los videos se repiten sin cesar en noticieros y programas de variedades, en uno de los cuales un “psíquico” aseguraba tener contacto con la joven.
“Está convirtiéndose en un espectáculo mediático que frivoliza la noticia”, advierte Ascencio, quien reconoce, no obstante, que la presión mediática ayuda a mantener vivo el caso.
La reiteración de imágenes, como una de Debanhi comprando aparentemente licor, la “revictimiza” y es una “reducción ética” de la prensa, observa Andrés Vidal, profesor de ciencias políticas de la UNAM.
“Le han puesto muchos calificativos a mi hija (…). Escucho cosas como ‘ella era la que se drogaba, ella compró el vodka’. Desgraciadamente no está para defenderse”, se lamentaba Dolores Bazaldúa, madre de la estudiante.
Las filtraciones, en tanto, podrían “afectar el peso de las pruebas”, sostiene Ascensio, señalando que la presión social, combinada con debilidades investigativas, puede llevar a que se “fabrique algún culpable”.
El Congreso estudia una ley que impondría 10 años de cárcel a quienes difundan información filtrada de una víctima.
Pese a ello, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, emplazó a la Fiscalía a revelar el expediente de Yolanda Martínez, acusando al organismo de “esconder pruebas”.
Pero el fiscal estatal, Gustavo Guerrero, lo señaló de “usar mediáticamente” a las víctimas y lo llamó a proteger a las mujeres.
Aunque el proceso no ha sido divulgado, desde el miércoles circulan fotografías de las pertenencias de Martínez, incluido un vaso plástico con una supuesta nota de despedida.