El Gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua también ordenó el cierre de la Asociación para el Desarrollo de Solentiname, fundada en 1982 por el fallecido poeta nicaragüense Ernesto Cardenal (1925-2020).
Ramírez fue vicepresidente de Nicaragua durante el primer régimen sandinista (1979-1990), que también encabezó el actual mandatario, de quien se distanció en 1995 cuando fundó el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), una escisión del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
En tanto, Cardenal, que fue ministro de Cultura, pasó de símbolo de la revolución sandinista a ser un “perseguido político”, como él mismo se declaró, de Ortega y de la esposa de este, la vicepresidenta Rosario Murillo, con quienes se enfrentó en los últimos años de su vida.
Tanto el escritor como el poeta participaron en la lucha contra la dictadura de la familia Somoza y fueron militantes hasta 1995 del FSLN, en el poder con Ortega desde enero de 2007.
Cardenal, una de las máximas figuras de la literatura latinoamericana y gran promotor de la Teología de la Liberación, sostenía que el Gobierno de Ortega “no es de izquierda, ni sandinista, ni revolucionario, sino simplemente es una dictadura familiar”, como la que derrocaron.
Nicaragua contra organizaciones de DDHH
La cartera de Gobernación también propuso a la Asamblea Nacional (Parlamento), controlada por el oficialismo, cancelar la personalidad jurídica a la Asociación Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH), dedicada a la defensa de los derechos humanos desde 1991.
Otras ONG propuestas a ser ilegalizadas son la Fundación Coen, del empresario Piero Coen; la Asociación Nicaragüense de Ingenieros y Arquitectos, la Asociación Nicaragüense de Cinematografía y la Asociación Centro de Capacitación de la Mujer Obrera.
También la Fundación Centro de Comunicación y Educación Popular, la Fundación para el Desarrollo Integral de la Mujer Indígena de Sutiaba, y la Federación Coordinadora Nicaragüense de Organismos No Gubernamentales que trabajan con la Niñez y la Adolescencia (Codeni).
Además, la Asociación Academia Nicaragüense de Ciencias Jurídicas y Políticas, el Centro de Derechos Constitucionales, y la Fundación Nicaragüense para la Promoción de la Democracia, la Paz, y el Desarrollo de la Sociedad Civil.
En Nicaragua, con el voto de los diputados sandinistas y sus aliados, se han ilegalizado al menos 112 ONG nicaragüenses desde diciembre de 2018, ocho meses después de que estallara una revuelta popular por unas controvertidas reformas a la seguridad social calificada como un intento de golpe de Estado por Ortega.
Las últimas 25 ONG, entre ellas la filial nicaragüense de Operación Sonrisas, fueron anuladas el 17 de marzo pasado.
Entre las organizaciones que han sido afectadas se encuentran ONG que defendían los derechos humanos, médicas, feministas, educativas, universidades, ambientalistas, indígenas, de periodistas, y centros de pensamiento, entre otras.
El Ejecutivo también ha cancelado los registros y números perpetuos de cuatro ONG estadounidenses y seis europeas.
“Agentes extranjeros”
Según el Ministerio de Gobernación, las nuevas 25 ONG que serán afectadas han incumplido con sus obligaciones, entre ellas que no se registraron como “agentes extranjeros, siendo sujetos obligados porque recibían donaciones del exterior”.
Tampoco reportaron sus estados financieros con sus desgloses detallados de los ingresos, egresos, balanza de comprobación y detalle de donaciones (origen, proveniencia y beneficiario final); ni sus juntas directivas.
La Asamblea Nacional (Parlamento), incluyó la nueva iniciativa en la orden del día de este miércoles, por lo que está previsto que sea presentado ante el plenario.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.