Este jueves, el Tribunal Provincial Popular de La Habana dio a conocer su decisión sobre 129 detenidos tras las jornadas de protesta del 11 de julio de 2021, indicando que 127 de ellos fueron condenados a penas privativas de libertad de entre 4 y 30 años de cárcel.
Sólo uno de los detenidos fue absuelto, mientras otro fue condenado a 4 años de “trabajo correccional sin internamiento”. Los restantes fueron hallados culpables de los delitos de sedición y hurto.
“La Corte ha notificado las sentencias, en las que ha tenido por probado y demostrado que el 11 de julio de 2021, en la Esquina de Toyo, municipio de Diez de Octubre, obedeciendo instrucciones dadas por personas tanto de Cuba como del exterior, los imputados, intentaron subvertir el orden constitucional de manera violenta”, se lee en un comunicado recogido por la agencia de noticias MercoPress.
Los hechos ocurrieron en el marco de la dura crisis económica que afecta a Cuba, con miles de manifestantes reclamando contra el aumento de precios, la escasez de alimentos y de medicinas, además de lanzar proclamas críticas a la gestión de la pandemia de covid-19.
Según mostraron los propios manifestantes con videos captados al interior de la isla pese a las serias restricciones a la información, las protestas habrían sido mayoritariamente pacíficas, contándose situaciones puntuales en que se volcó un vehículo policial y se vandalizaron edificios o se saqueron comercios estatales.
El gobierno de Cuba por su parte culpó a Estados Unidos de instigar a los manifestantes, asegurando también que los problemas económicos de la nación tienen su origen en el duro bloqueo y embargo económico instaurado por Washington desde 1962. Durante las protestas, un total de 1.442 personas resultaron detenidas.
Precisamente, en su comunicado la justicia cubana indica que los imputados fueron “acusados de cometer y provocar graves disturbios y actos de vandalismo, con el propósito de desestabilizar el orden público, la seguridad colectiva y la tranquilidad ciudadana”.
“Estos hechos fueron organizados deliberadamente en medio de la compleja situación que atravesaba el país, como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, particularmente en la provincia de La Habana”, concluye.
La Corte Suprema aseveró que la mayor parte de los acusados pasarán más de 10 años en la cárcel, mientras 31 de ellos fueron condenados a más de 20 años.
Jóvenes de 16 años sentenciados: “No tenemos nadie a quien acudir”
La información sobre las condenas fue recibida con estupor por organizaciones de derechos humanos y las familias de los manifestantes detenidos, muchos de ellos menores de edad entre 16 y 18 años, los cuales la legislación cubana permite procesarlos como adultos.
“Estamos devastados”, declaró a la cadena británica BBC en diciembre pasado Luis Aguilar, padre de Walnier Luis, un joven de 21 años condenado ahora a 23 años de cárcel bajo el cargo de sedición. “Es una sentencia desproporcionada, y estamos atados de pies y manos porque no hay nadie a quien acudir”.
De la misma forma, Giuseppe Belaunzarán Guada y Brayan Piloto Pupo, ambos de 16 años, fueron condenados a 10 años de presidio.
Asimismo, Kendry Miranda Cárdenas, de 17 años, fue condenado a 19 años de cárcel también por cargos de sedición. En tanto, Rowland Jesús Castillo Castro y Lázaro Noel Urgelles Fajardo deberán pasar 18 y 14 años en prisión, respectivamente.
En tanto, la Embajada estadounidense en La Habana usó su cuenta de Twitter en para criticar las “sentencias desproporcionadas a jóvenes pacíficos e inocentes”.
“El régimen cubano ha enviado hoy un mensaje diciendo que protegen los Derechos Humanos al tiempo que condena a decenas de manifestantes del 11J a penas que van de 30 a 4 años por ejercer su libertad de expresión”, afirmaron.