Cuatro mujeres condenadas a altas penas de prisión por supuesto aborto y liberadas recientemente en El Salvador abogaron este martes por la libertad de al menos 8 salvadoreñas que siguen presas tras sufrir emergencias obstétricas.
De acuerdo con cifras de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, son 7 salvadoreñas las que tienen condenas en firme, mientras que una enfrenta un proceso penal en prisión y otras cuatro son procesadas en libertad.
Kenia -quien sufrió una emergencia obstétrica a sus 17 años y pasó 9 años en la cárcel- pidió en una conferencia de prensa que se libere a “todas las otras compañeras que están privadas de libertad por esta misma causa”.
“Que se haga posible que este año también ellas puedan reencontrarse con su familia”, añadió la joven, quien también denunció irregularidades en el proceso penal en el que fue condenada. Relató que, tras sufrir un accidente y despertar en un hospital, un policía le dijo que él se encargaría de “que yo me pudriera en la cárcel”. Agregó que este agente de seguridad estatal fue el principal testigo en su juicio.
Evelyn -quien estuvo más de 13 años en la cárcel- afirmó que contó en cada una de las audiencias con diferentes abogados que “no pudieron” defenderla porque no conocían su caso. Denunció que la legislación que penaliza todas las formas de aborto las “criminalizó por ser mujeres” y aseguró que ella y sus compañeras son “inocentes”.
“Pido de favor la libertad de ellas, es muy difícil estar en una prisión por algo que nosotras no hicimos, somos inocentes. Ellas también merecen una oportunidad de regresar a casa con sus familias”, expresó Evelyn.
En las últimas dos décadas, alrededor de 181 mujeres que experimentaron emergencias obstétricas “fueron procesadas por aborto u homicidio agravado en El Salvador”, según indicó la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en un comunicado. Desde 2009, son 62 mujeres las que han sido liberadas.
En El Salvador, las mujeres que sufren complicaciones del embarazo que dan lugar a abortos espontáneos y mortinatos son habitualmente sospechosas de haberse practicado un aborto, prohibido en todas las circunstancias, y son procesadas bajo el cargo de homicidio agravado, cuya pena de cárcel es de 30 años.