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La presencia del relator especial de la ONU en Bolivia pone bajo la lupa la independencia de poderes. La oposición denuncia que los tribunales del país responden a los intereses de la política.
En reiteradas ocasiones, Evo Morales, siendo presidente de Bolivia, cuestionó la independencia de poderes. Una vez dijo que esta era “una doctrina norteamericana”. En varias oportunidades, fue autorizado por la Asamblea Legislativa para nombrar a dedo a magistrados. Y, de acuerdo con reportes de Human Rights Watch, entre 2017 y 2019 destituyó de forma injustificada a cerca de cien jueces.
Tras su renuncia, decenas de exiliados, opositores de Morales y antes acusados de mil crímenes, regresaron a Bolivia reivindicados y absueltos. Entonces comenzó el gobierno interino de Jeanine Áñez, que en sus primeros días perdió una de sus chances históricas: en lugar de romper con el pasado masista que controlaba la Justicia, la presionó públicamente para emprender más de 150 investigaciones penales por sedición y terrorismo contra miembros de la fracasada administración de Morales.
Se habló incluso de “cazar” y “perseguir” a exfuncionarios.
Inversión de roles
Un año después, el masismo retomó el gobierno. Entonces los roles se invirtieron de nuevo: los acusados, entre ellos el propio Evo, dejaron de serlo y regresaron al país convertidos en héroes. Y los implacables acusadores, entre ellos la mismísima Jeanine Áñez, hoy se encuentran en la cárcel.
En ocasión de la visita a Bolivia iniciada el 15 de febrero de 2022 por Diego García-Sayán, relator especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, se multiplican las voces que denuncian que la manipulación de la Justicia con fines políticos es un cáncer enquistado en el seno de Bolivia.
“Yo mismo estuve bajo unos enjuiciamientos políticos en 2007, y ya entonces me preocupaba el deterioro de la independencia del sistema judicial”, recuerda en conversación con Deutsche Welle Eduardo Rodríguez Veltzé, expresidente de Bolivia. “Fui sometido a un proceso abusivo y pedí la visita del relator especial, pero el gobierno no la autorizó. Hoy celebro que venga, aunque sea 15 años después”, agrega.
Rodríguez Veltzé espera que el informe del relator de la ONU sea objetivo, aunque duda de la capacidad de los organismos internacionales para generar la presión necesaria que impulse cambios en las dinámicas judiciales del país.
“Pruebas contundentes”
Un pesimismo que comparte Centa Rek, jefa de la opositora bancada Creemos en el Senado. Rek cuestiona la imparcialidad de la ONU, y denuncia que, si bien al Parlamento se le concedió una audiencia con García-Sayán, a esta solo asistieron las comisiones conformadas por el oficialismo.
“Las víctimas identificadas con el gobierno tienen reuniones presenciales con el relator especial —le dice Rek a DW—, mientras que las víctimas opositoras han recibido escasamente una sesión virtual. A mí misma, como senadora, se me asignó una videoconferencia con García-Sayán, mientras que mis colegas masistas han sostenido encuentros personales. Es una muestra de cómo se puede direccionar una agenda”, apunta.
No obstante, está segura de que el relator se marchará con pruebas contundentes: “Los juicios políticos son sumarios rapidísimos donde, sin causa judicial, los únicos sentenciados son opositores. Los perseguidos políticos son enviados a prisión preventiva, cuando ese debe ser el último recurso, pues, ante todo, hay que presumir su inocencia. Hay discrecionalidad en la balanza, y todo depende de si uno es opositor u oficialista”, apunta la parlamentaria.
“Sí hay corrupción, pero no politización”
Son declaraciones que desestima Reymi Ferreira, abogado, exrector universitario y ministro de Defensa durante la administración de Evo Morales. En entrevista con DW, reconoce que hay falencias en el sistema judicial boliviano, pero rechaza que estas tengan motivaciones políticas.
“Si el poder judicial dependiera del gobierno, todos los ministros de Jeanine Áñez estarían tras las rejas. Hay muchas denuncias contra ellos que están paralizadas, y los pocos procesos que han prosperado lo han hecho porque las evidencias eran imposibles de ocultar. Y, aun así, la oposición quiere tacharlos de persecución política”, dice.
Para Ferreira, el problema de fondo de la justicia es la corrupción, y no la politización. “El órgano judicial se ha convertido en una enorme y podrida bola de corrupción. Tan grande, que ni el gobierno puede controlarla. El sistema tiene una estructura interna propia y los jueces no obedecen a nadie: las sentencias se hacen a favor de quien más pague”.
Necesidad de un reforma de la Justicia
Más allá de sus diferencias ideológicas, los tres entrevistados que consultó DW coinciden en que urge una reforma judicial en Bolivia. “Hace falta un gran pacto nacional, entre oposición y oficialismo, sin politizar el tema, sino tratándolo desde lo técnico, porque aquí hay un problema estructural”, afirma Ferreira.
“Aquí hace falta voluntad política para impulsar una reforma —dice el expresidente Rodríguez Veltzé—. Y el informe del relator, que anticipo tendrá reparos sobre la independencia de la justicia, pondrá a prueba el carácter democrático del presidente Arce, pues dejará en evidencia si su gobierno abraza las observaciones o si las repudia”.
Para la senadora Rek, la mentada reforma sólo puede nacer como un acto revolucionario, que transforme los cimientos del sistema y traiga de vuelta la meritocracia. Ella desconfía de las iniciativas del Ejecutivo, que califica como cortinas de humo, y mira con recelo la presencia de la ONU.
Cuidando cada palabra, concluye con contundencia: “Me temo que el relator se está prestando para lavarle la cara al gobierno de Arce. Ojalá me equivoque, porque son muchas vidas y muchas libertades las que están en juego en este momento”.
