Un juzgado boliviano amplió este lunes por otros tres meses la reclusión preventiva de la expresidenta interina Jeanine Áñez y de dos de sus exministros dentro de uno de los procesos iniciados en su contra a instancias del oficialismo por la crisis de 2019. Una nueva audiencia de consideración de la situación jurídica de los tres investigados se fijó para el 16 de mayo próximo, agregó el magistrado.
El Juzgado Décimo de Instrucción Penal de La Paz amplió este domingo a tres meses la prisión preventiva de la expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez, que inició su huelga de hambre hace trece días, en vísperas de la apertura del juicio.
“Me siguen castigando a gusto de mis verdugos. El caso de terrorismo no existe, nada prueban desde que me secuestraron. Soy inocente y presa política hace once meses. En lugar de devolver mi libertad, han ampliado mi condena por tres meses más. Sigo mi huelga contra la (In)Justicia”, publicó Áñez en su cuenta oficial de Twitter.
Además, la expresidenta boliviana denunció que no ha sido valorada en ningún momento por “el director del Hospital de Clínicas ni por médicos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF)”.
La solicitud de la ampliación de la detención de Áñez fue emitida por el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría General del Estado, tal y como recoge ‘Bolivian Daily’.
La ampliación de la condena se produce un día después de que Áñez denunciara que sufre “tortura psicológica” por parte de los funcionarios del centro penitenciario en el que está recluida, debido a la huelga de hambre que está llevando a cabo, tras once meses en prisión preventiva.
La familia y abogados de Áñez señalaron que desde el pasado viernes no han podido visitar a la exmandataria por lo que presentaron la acción de libertad.
En este sentido, el Juez de Instrucción Penal de La Paz rechazó la acción de libertad interpuesta por Carolina Ribera, hija de la expresidenta Jeanine Áñez. El informe del penal de Miraflores incide que no restringió visitas a la exmandataria.
Áñez, tiene casos abiertos en su contra por el rol que desempeñó en la crisis política de 2019. También está acusada de terrorismo, conspiración y sedición en el marco del caso ‘Golpe de Estado I’. El oficialismo sostiene que la dimisión de Morales fue producto de un supuesto golpe de Estado, mientras que sus detractores aseguran que fue consecuencia de las denuncias de un presunto fraude electoral a su favor en los fallidos comicios generales de 2019, luego anulados.
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