Honduras y posible extradición de Juan Orlando Hernández: "Podría tener un efecto dominó"

Días después de que el nuevo Gobierno de izquierda de Xiomara Castro tomara posesión en Honduras, el 27 de enero, Estados Unidos anunció que su país incluyó al presidente hondureño saliente, Juan Orlando Hernández, en la lista de “actores corruptos y antidemocráticos” del Triángulo Norte centroamericano, desde el 1 de julio de 2021, prohibiéndole la entrada al país.

Este 15 de febrero, la embajada de EE. UU. en Tegucigalpa confirmó el pedido de extradición de Hernández a ese país, del que se informó la víspera, afirmando que el expresidente “participó en una conspiración violenta de narcotráfico, para recibir cargamentos de múltiples toneladas de cocaína enviadas a Honduras desde Colombia y Venezuela, entre otros lugares”. En total, se habrían transportado unos 500.000 kilogramos de cocaína a través de Honduras a EE. UU., subrayó esa embajada.

Hernández está señalado por fiscales de Nueva York, por “socavar la democracia en El Salvador, Guatemala y Honduras”. Porque “cometió o facilitó prácticas de corrupción y narcotráfico” y usó ganancias ilícitas para solventar campañas políticas. La Agencia de Control de Drogas (DEA) y el Departamento de Justicia de EE. UU. parecen apoyarse en una gran cantidad de evidencia, según observadores.

Su hermano, el exdiputado Juan Antonio “Tony” Hernández, cumple una condena de cadena perpetua en EE. UU., de acuerdo con su sentencia, por traficar al menos 185.000 kilos de cocaína a ese país. Y por entregarle, entre 2014 y 2019, “millones de dólares” en sobornos producto del narcotráfico al expresidente, provenientes de narcos como Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cartel de Sinaloa.

Esos sobornos, afirman los fiscales, ayudaron a que Honduras se convirtiera en uno de los pasos más importantes de droga hacia EE. UU. y en un “narcoestado decrépito”. Juan Orlando Hernández y su hermano niegan todos los cargos. El expresidente hondureño argumenta que se trata de una “venganza” de los narcotraficantes que su Gobierno capturó o extraditó a EE. UU. hasta el momento.

“No habría motivos para denegar la extradición”

Hernández se encuentra, hasta el cierre de esta edición, en Honduras, contrariamente a versiones que aseguraron que se había refugiado en Nicaragua. Gobernó Honduras durante ocho años, entre 2014 y 2022, tras polémicos cambios a la Constitución de su país, que no permitía la reelección presidencial. El estrecho margen con que se impuso en los comicios de 2017 provocó protestas que dejaron varios muertos en Tegucigalpa.

Durante la pasada jornada, Hernández publicó un audio en sus redes sociales, en el que asegura que “está presto y listo para colaborar”, no bien la Corte Suprema de Justicia designe a un juez para analizar la solicitud.

“Este pedido de extradición parece indicar que el involucramiento de actores estatales en la corrupción, con intereses criminales, ha llegado al más alto nivel”, dice a la Deutsche Welle Tiziano Breda, analista para América Central del International Crisis Group. De ser confirmados los cargos contra Juan Orlando Hernández, “eso sería sumamente preocupante”, continúa Breda, “porque demostraría la colusión de los más altos poderes del Estado con entidades de narcotráfico”.

Al mismo tiempo, explica el experto, si hay sentencia, “eso significaría que esos crímenes no quedarían impunes”. Si la solicitud está redactada sin vicios de forma, “no habría motivos para denegar la extradición” de Hernández, sostiene el analista. Hay una fuerte presión política internacional y de la sociedad civil para que la Suprema Corte actúe conforme a la solicitud de EE. UU., un actor muy importante en Honduras. De hecho, el Supremo hondureño designó hoy al juez natural de la causa, quien emitió una orden de captura contra Hernández.

Poco después de dejar el Gobierno, cuando asumió Xiomara Castro, el expresidente Hernández juró como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), lo cual generó especulaciones de que podría contar con inmunidad. Pero, según expertos, el Parlacen solo la otorga si los actos fueron cometidos durante el ejercicio de la función en ese organismo. Es decir, que si el expresidente cometió los delitos de los que se le acusa antes de ser diputado, no estaría protegido por inmunidad parlamentaria.

En casos anteriores, la Justicia hondureña ha fallado a favor de una extradición. Si ahora no entregara a Juan Orlando Hernández a EE. UU., eso “tendría repercusiones muy graves en el país, y podría amplificar el conflicto entre poderes del Estado, algo que ya vimos entre el Legislativo y el Ejecutivo al inicio del Gobierno de Xiomara Castro”, señala Breda, especialista en resolución de conflictos. Y recuerda, además, que “esa crisis en el Parlamento aún no se ha solucionado”, pues la Junta presidida por el diputado Luis Redondo aún no ha sido votada para ser formalizada legalmente.

Por otra parte, la extradición de Hernández “podría ser ‘vendida’ por el nuevo Gobierno como una victoria en la lucha contra el narcotráfico, para galvanizar a las bases”, sugiere Breda.

La MACCIH y el apoyo de EE. UU. contra la corrupción

Estados Unidos respaldó a Hernández durante años, pese a acusaciones de corrupción y violaciones de derechos humanos. El Gobierno del expresidente Donald Trump envió varios millones de dólares en ayuda a Honduras, y Hernández se mostró como aliado de Washington en seguridad y migración. Pero, en 2020, decidió no renovar el mandato de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), creada con respaldo de EE. UU. y la OEA, que investigó a funcionarios del Gobierno hondureño por corrupción.

Con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, las relaciones entre ambos Gobiernos se enfriaron, pues Biden impulsó un plan contra la corrupción en Centroamérica. “Los esfuerzos investigativos de la MACCIH han chocado con un sistema legislativo y de justicia que se han venido cerrando cada vez más, se le quitaron facultades al Ministerio Público para investigar ciertos casos, por lo que hubo muy pocos avances en lo que concierne a las pruebas del vínculo de la política con el narcotráfico”, aclara Breda. La presidenta Castro puso como una de las prioridades de su Gobierno el restablecimiento de esa organización internacional.

Según datos del Centro de Investigación del Crimen Organizado InSight Crime, Honduras es uno de los países que no está en guerra más violentos del planeta. Una violencia perpetrada por organizaciones criminales transnacionales, grupos locales de tráfico de drogas, pandillas y miembros corruptos de las fuerzas de seguridad. La violencia y la pobreza conforman un círculo vicioso difícil de romper, que deriva a menudo en graves crisis, en un creciente flujo migratorio, y propicia la represión de protestas sociales.

En vista de que el tráfico de drogas extiende sus redes por varios países de América Latina, ¿podría ser la extradición de Hernández un caso modelo para otros Gobiernos presuntamente implicados en actividades corruptas vinculadas con el narcotráfico? “Seguramente esa es la esperanza, que este caso sea emblemático y desincentive a otros gobernantes a emprender prácticas similares”, dice Breda. Aunque Hernández no es el primer presidente latinoamericano sospechado de corrupción, nexos con capos de la droga y lavado de dinero.

En todo caso, la extradición de Juan Orlando Hernández tendría la carga simbólica de que ningún político está por encima de la ley. Si se abriera un juicio contra el exmandatario hondureño en Nueva York, si se confirmaran las imputaciones y si se le condenara, concluye Tiziano Breda, “eso podría tener un efecto dominó, porque, al final de cuentas, Hernández es solo la punta del iceberg de una infiltración de intereses criminales que se ha venido dando a lo largo de varios años”.