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La expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, actualmente en prisión, quien se declaró este 9 de febrero en huelga de hambre, se enfrenta a partir de este 10 de febrero a su juicio por su supuesta participación en un golpe de Estado.
La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, se declaró este miércoles en huelga de hambre contra su detención, a un día del juicio por su supuesta participación en un golpe de Estado, según una carta a la que accedió la Agence France-Presse.
“Tomo una de las decisiones más duras de mi vida. Hoy ingreso en huelga de hambre. Estoy desesperada de ver un país sin justicia ni ley”, afirmó Áñez en la misiva, leída por su hija, Carolina Ribera, en la puerta de la cárcel de La Paz donde su madre está detenida desde hace 11 meses.
La derechista de 54 años será juzgada a partir de este jueves junto a ocho exmilitares. Se le imputa haber asumido la presidencia de forma inconstitucional en noviembre de 2019 tras la renuncia de Evo Morales (2006-2019) en medio de protestas multitudinarias por un supuesto fraude electoral denunciado por la Organización de Estados Americanos (OEA).
“Veo que mi acción final podrá ayudar a que la comunidad internacional entienda que, en Bolivia, la justicia es de Evo Morales y Luis Arce”, dijo Áñez en alusión a su predecesor y al actual presidente, ambos del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS).
Relator especial de la ONU
“Básicamente este tema está ventilándose en los estratos judiciales. Este 10 [de febrero] comienzan las audiencias orales, el juicio oral de la expresidenta de facto Jeanine Áñez, y obviamente tenemos conocimiento de que 21 presidentes de la derecha europea y latinoamericana han solicitado que el relator especial [de la ONU], que está visitando entre el 15 y el 21 de este mes, pueda visitar a la expresidenta de facto que está en la cárcel en Bolivia para que continúe el proceso judicial”, dice ante Radio Francia Internacional Freddy Mamani, el viceministro de Relaciones Exteriores.
Los firmantes piden a Diego García-Sayán, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, conocer el caso de Añez, conversar con ella e “informar sobre los abusos de poder cometidos en su contra”.
“La expresidenta Añez tiene derecho a gozar de un juicio en libertad, del debido proceso y de una tutela judicial efectiva”, se lee en la declaración que emitieron los exmandatarios participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas.
“Alto contenido político”
“Para el país es de suma importancia que pueda concluir un proceso que sea abordado en los estratos judiciales por incumplimiento a los deberes, a la Constitución política del Estado, a la normativa propia de la Asamblea Legislativa, en este caso la Cámara de Senadores”, prosigue Freddy Mamani.
Este proceso “obviamente tiene un alto contenido político, y los partidos de la derecha conservadora de América Latina y de Europa están politizando el tema sin tener, digamos, mayores elementos en el proceso mismo que se ha instalado en contra de la señora Áñez”, estima el vicecanciller.
La defensa de la exmandataria denunció varias irregularidades en el proceso. Su abogado Luis Guillén afirmó que el documento de apertura del juicio es una “presentencia”, pues califica a la expresidenta como “de facto” e “inconstitucional”. Además, destacó que “no puede ser un tribunal ordinario quien decida qué es constitucional”, añadiendo que debería realizarse un juicio de responsabilidades en el Congreso.
Los demandantes –el gobierno, la fiscalía y el Congreso– argumentan que se están juzgando acciones de Áñez previas a su gobierno, por lo que corresponde un juicio ordinario.
