El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, ordenó este jueves el cierre de otras siete universidades privadas, con lo que el número de casas de estudios superiores ilegalizadas desde diciembre pasado se elevó a 14.

El Ministerio de Gobernación canceló los registros de las siete universidades, cuatro originarias de Estados Unidos, dos de Costa Rica y una de Panamá, que estaban registradas como organismos sin fines de lucro, según publicó el Diario Oficial La Gaceta.

La cartera de Gobernación argumento que los siete centros de estudios superiores incumplieron sus obligaciones, entre ellos el no reportar por más de 10 años sus estados financieros conforme períodos fiscales, con desgloses detallados de ingresos, egresos, balanza de comprobación, detalles de donaciones (origen y beneficiario final).

Además, no reportaron sus juntas directivas del país de origen, las donaciones previas provenientes del exterior ante el Departamento de Asociaciones, y carencia de documentos de identidad de sus directivos, representante legal en Nicaragua y proveedores de fondos.

Las universidades canceladas de origen estadounidense son la Universidad Internacional de la Florida, Universidad Estatal de Michigan, Wake Forest University y la Corporación Universidad de Mobile.

Las de origen costarricense ilegalizadas son la Asociación Universidad Thomas More (UTM) y la Asociación Universidad Centroamericana de Ciencias Empresariales (Ucem).

En tanto, la de origen panameño es la Fundación Universidad Particular en Ciencias del Mercado.
La UTM emitió un comunicado en el que negó tener relación con “la asociación mencionada”, aunque tampoco dio pistas sobre su destino.

“La Asociación mencionada en dicha publicación (La Gaceta) y en las redes sociales de los medios de comunicación, no tiene ninguna relación con nuestra institución”, afirmó la UTM.

El cierre de las universidades se suma al de cinco que fueron ilegalizadas el miércoles por la Asamblea Nacional, de mayoría sandinista, a petición del Ministerio de Gobernación.

Los centros de estudios afectados por el Parlamento son la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse), Universidad Popular de Nicaragua (Uponic), Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (Uneh) y Universidad Paulo Freire (UPF).

A mediados de diciembre pasado, el Parlamento canceló la personalidad jurídica de la Universidad Hispanoamericana (Uhispam) y luego hizo lo mismo con la Fundación Universidad de Mobile Latinoamérica Campus (Fumlac).

El Parlamento nicaragüense ha justificado los cierres alegando que las universidades “han incumplido con la entrega de los informes financieros al Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro”, o porque su “Junta Directiva se encuentra acéfala”.

El estatal Consejo Nacional de Universidades (CNU) prometió que los alumnos no se verán afectados en sus carreras ni en sus títulos, e incluso se comprometió a que estos gozarán de aranceles más bajos, una vez que sean absorbidos por el sistema educativo gubernamental.

Con esto, se elevaron a 87 las entidades locales ilegalizadas, a petición del Ejecutivo de Ortega, desde que estalló la crisis sociopolítica en Nicaragua en abril de 2018, que dejó 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El Ministerio de Gobernación también ha cancelado los registros de tres ONG estadounidenses y tres europeas.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.