El presidente de Perú, Pedro Castillo, intentó frenar este martes la crisis que afronta su Gobierno con la designación de un nuevo Consejo de Ministros, tras la renuncia de la primera ministra Mirtha Vásquez, mientras la oposición política planteó someterlo a un juicio político para intentar destituirlo.

Castillo designó al congresista Héctor Valer en reemplazo de Vásquez, quien dimitió “ante la imposibilidad de lograr consensos en beneficio del país” y luego de que el mandatario aceptara la renuncia del exfiscal Avelino Guillén en el Ministerio del Interior.

Valer, un abogado especializado en derecho penal, juró al cargo en una ceremonia celebrada en el Palacio de Gobierno de Lima, en la que Castillo también tomó juramento a nueve ministros nuevos y ratificó a otros nueve.

La remodelación del gabinete peruano comprendió al Ministerio Economía y Finanzas, donde juró el economista Oscar Graham; Relaciones Exteriores, donde fue designado el constitucionalista César Landa; Defensa, que fue asumido por el contraalmirante José Luis Gavidia; e Interior, donde juró el exjefe policial Alfonso Chávarry.

Además de hacer cambios en Desarrollo Agrario y Riego, Energía y Minas, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ambiente y Cultura, el presidente ratificó en Justicia y Derechos Humanos a Aníbal Torres, en Salud a Hernando Cevallos, en Trabajo y Promoción del Empleo a Betsy Chávez y en Desarrollo e Inclusión Social a Dina Boluarte.

De esa manera, Castillo intentó afrontar la crisis que comenzó cuando Guillén renunció el viernes pasado, al no sentirse respaldado por el mandatario en su recomendación de destituir al entonces jefe de la Policía Javier Gallardo, con quien mantenía grandes desavenencias.

Tras la salida de Guillén, Vásquez afirmó que el gobierno de Castillo había llegado “a un momento crítico” con la crisis generada en Interior, que consideró parte de “un problema estructural de corrupción en diversas instancias del Estado”.

Su renuncia obligó a Castillo a conformar un tercer equipo de gobierno desde que asumió el cargo el 28 de julio de 2021, un periodo en el que ha acumulado varias crisis de gobierno y que ahora ha llevado a la oposición política a anunciar que presentará una acusación constitucional para intentar destituirlo.

La tercera vicepresidenta del Congreso de Perú, Patricia Chirinos, informó que presentará la acusación constitucional contra Castillo “por sus permanentes infracciones constitucionales, su incapacidad flagrante y la evidente corrupción de su Gobierno”.

La legisladora, del partido opositor derechista Avanza País, fue autora, en noviembre pasado, de una moción que ya planteó destituir al mandatario y que fracasó tras quedarse a seis votos de conseguir los 52 necesarios para ser admitida a trámite en el pleno.

Según el artículo 117 de la Constitución peruana, el presidente solo puede ser acusado durante su mandato por causales muy específicas como traición a la patria, impedir elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, disolver ilegalmente el Congreso o impedir su funcionamiento.

En paralelo al anuncio de esta acusación, se informó que la Comisión de Constitución del Congreso analizará un proyecto de ley presentado por el Partido Morado, de centro-liberal y hasta hace poco cercano al régimen de Castillo, que busca modificar el artículo 117 de la carta magna.

La intención del proyecto es ampliar las causales por las cuales un gobernante puede ser acusado durante su mandato, para permitir que también se le acuse por la presunta comisión de delitos de corrupción y organización criminal.

Mientras que el Partido Morado aseguró que si Castillo “no resuelve la crisis en este tercer Gabinete, tendrá que entender que lo mejor para el país es presentar su renuncia”, este martes también renunció el secretario de la Presidencia de Perú, Carlos Jaico, tras denunciar que existe un “gabinete en la sombra” en el Gobierno de Castillo, una acusación que el mandatario aún no ha respondido.