Más de 84 juicios se han realizado hasta la fecha en Cuba en relación con las masivas protestas antigubernamentales del 11 de julio pasado en las que el pueblo cubano salió a las calles a exigir libertades democráticas.
Unas 790 personas han sido instruidas de cargo, de las cuales 55 son menores de edad y 60 son jóvenes entre 18 y 20 años, según informó este martes la Fiscalía General de la República. Estas cifras llegan tras más de seis meses de ausencia de datos oficiales en relación con las detenciones del 11 de julio. Responde en parte a las presiones de varios grupos independientes y de la sociedad civil que habían contabilizado en más de 700 los presos políticos detenidos provisionalmente en las cárceles cubanas.
En los juicios que han tenido lugar en las provincias de Villa Clara, Matanzas, Mayabeque, Artemisa y La Habana, a pesar de ser públicos, no han permitido la entrada a los medios; sólo se ha autorizado la presencia de un familiar para cada acusado y han contado con una fuerte custodia policial.
La Fiscalía General insiste en presentar los casos derivados de las manifestaciones como actos vandálicos, atentados y desacato, pidiendo sanciones de entre 10 y 30 años de privación de libertad a algunos de los manifestantes.
Activistas por los Derechos Humanos y familiares de los acusados están pidiendo en redes sociales a la Unión Europea y a la UNICEF que revise las prisiones donde permanecen los detenidos y donde hasta la fecha se encuentran en huelga de hambre cinco presos políticos. Entre ellos el artista Luis Manuel Otero Alcántara y el ciudadano Yosvany Rosell García de 33 años y padre de tres hijos, que enfrenta una petición fiscal de 30 años.
Pese a que la Constitución Cubana de 2019 reconoce el derecho a huelga, en Cuba aún no existen leyes que respalden el ejercicio de ese derecho. Las autoridades cubanas han reafirmado las duras condenas y esto ha sido interpretado por buena parte de la población como actos ejemplarizantes para acallar las voces disidentes dentro de la Isla.