Una jueza de la Corte Suprema de Brasil, anuló en forma cautelar un decreto dictado por el presidente Jair Bolsonaro que desmanteló un consejo integrado por representantes de la sociedad civil y está volcado a la protección del medio ambiente.

La decisión de la magistrada Rosa Weber fue publicada este sábado y deja sin efecto el decreto, dictado en 2019 y que redujo de 96 a 23 el número de integrantes del Consejo Nacional de Medio Ambiente (Conama) y dejó a la sociedad civil sin representación en ese ente gubernamental.

Entre las principales atribuciones del Conama se incluyen la elaboración de normas para la protección de los ecosistemas y la definición de criterios para el cuidado del medioambiente.

Tras el decreto de Bolsonaro, ese organismo pasó a ser formado solamente por empresarios ligados a la agropecuaria y funcionarios del Gobierno nombrados por la Presidencia, lo cual redundó en una serie de medidas denunciadas por grupos ecologistas por su severo impacto ambiental.

Una de ellas, fue una resolución que dejaba sin efecto todas las normas que protegían los manglares y dunas y abría la puerta a la construcción de hoteles y proyectos turísticos en esas zonas sensibles desde el punto de vista ambiental.

Esa polémica decisión del Conama también fue anulada por la Corte Suprema, que el mes pasado la calificó de “inconstitucional”.

Las agresivas políticas de Bolsonaro para el medio ambiente han sido denunciadas por los organismos ecologistas, que le atribuyen a las decisiones del Gobierno las tasas históricas de deforestación y el incremento de los incendios en la Amazonía registrados desde que el líder de la ultraderecha asumió el poder.

El aumento de la destrucción de la Amazonía también ha llevado a algunos países europeos poner en duda la ratificación del acuerdo libre comercio anunciado en 2019 por la Unión Europea (UE) y el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).

Asimismo, millonarios fondos internacionales y grandes empresas privadas le han advertido al Gobierno de una fuerte reducción de sus inversiones al país si no hay un compromiso real con la protección del medio ambiente.