Dos altos funcionarios del Gobierno del Salvador recibirán sanciones por parte de EEUU. Se trata de Osiris Luna Meza, viceministro de Justicia y director general de cárceles de El Salvador, y Carlos Amílcar Marroquín Chica, director de Reconstrucción del Tejido Social de la Presidencia salvadoreña, quienes fueron incluidos en su lista negra por sus tratos con líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.
Estados Unidos impuso este 8 de diciembre sanciones económicas a dos altos funcionarios del Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, señalándolos de participar en negociaciones encubiertas con líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.
Puntualmente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció que Osiris Luna Meza, viceministro de Justicia y director general de cárceles de El Salvador, y Carlos Amílcar Marroquín Chica, director de Reconstrucción del Tejido Social de la Presidencia salvadoreña, fueron incluidos en su lista negra por sus tratos con altos mandos de dichoso grupos.
Los señalamientos apuntan que Luna y Marroquín “dirigieron, facilitaron y organizaron” una serie de encuentros con líderes encarcelados, esto como parte de los esfuerzos del Gobierno salvadoreño para negociar “una tregua secreta” con los jefes de la MS-13.
En esas reuniones, ambos funcionarios buscaron garantías para asegurar que la violencia se redujera y el número de homicidios se mantenía bajo, además de dar respaldo al partido del presidente Bukele, Nuevas Ideas (NI).
Como parte del acuerdo, el Gobierno salvadoreño brindó diversos privilegios a los pandilleros encarcelados en las prisiones del país, como la entrega de teléfonos celulares y prostitutas, cuenta.
Las sanciones suponen el congelamiento de cualquier activo que los involucrados puedan tener en Estados Unidos, y les prohíbe toda transacción a través del sistema financiero estadounidense.
Las informaciones fueron reportadas en un primer momento por el periódico digital El Faro.
En paralelo, señala, Luna diseñó un sistema para el desvío de alimentos comprados por el Gobierno de Bukele y destinados para los afectados por la pandemia, y que luego eran revendidos en el mercado privado.
Además, el Departamento del Tesoro acusa a Luna de “malversar” millones de dólares del sistema de prisiones de El Salvador y crear puestos de trabajo “fraudulentos” cuyos salarios le eran devueltos.
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