El gobierno ecuatoriano recuperó temporalmente el control de la mayor cárcel del país, en la ciudad suroccidental de Guayaquil, tras los violentos enfrentamientos de la semana pasada, gracias a una intervención masiva del ejército y la policía.
Hicieron falta más de mil policías y militares fuertemente armados para restablecer la autoridad del Estado sobre los 8.500 reclusos de la cárcel de Guayaquil, cuya población penitenciaria está saturada en un 60%. Inicialmente, las fuerzas del orden permanecieron fuera de los pabellones donde casi 70 reclusos fueron masacrados, desmembrados y decapitados el viernes y el sábado pasados durante los enfrentamientos calificados de “bárbaros” por el gobierno. La policía y el ejército tomaron las torres que las bandas de narcotraficantes rivales habían instalado en los tejados de la prisión para vigilarse mutuamente.
Apoyados por vehículos blindados ligeros, los militares entraron finalmente en los edificios de la prisión, donde no encontraron resistencia a pesar de la presencia masiva de cuchillos, fusiles, pistolas y explosivos. Todos los guardias de la prisión fueron suspendidos bajo la sospecha de haber tolerado el tráfico de armas y drogas, ya sea porque habían aceptado sobornos o porque ellos y sus familias habían sido amenazados.
La fuerza pública ya había intervenido el lunes para asegurar el control externo, y este martes completó la ocupación del penal donde chocaron bandas vinculadas con el narcotráfico.
De momento, no se han reportado enfrentamientos ni tampoco los presos han ejercido resistencia frente a la acción oficial.
“Una grave amenaza externa”
Esta nueva crisis ha provocado, en cualquier caso, la dimisión de las principales autoridades militares del país, así como del jefe del sistema penitenciario, el coronel Bolívar Garzón, nombrado hace menos de dos meses tras la masacre de 120 presos de entonces.
Este año han muerto más de 320 reclusos durante enfrentamientos en las hacinadas penitenciarías ecuatorianas. Sólo en septiembre perdieron la vida 119 reclusos en la Guayas 1, en una de las peores matanzas carcelarias de Latinoamérica.
Frente a la grave crisis, el presidente Guillermo Lasso ordenó que la fuerza pública intervenga en la penitenciaría, a pesar de un fallo de la Corte Constitucional que prohibía el ingreso de militares a los pabellones.
El mandatario alegó que el país está “bajo una grave amenaza externa” por el ataque de las mafias vinculadas al tráfico de droga y alcanzó con todos los poderes del Estado un “acuerdo nacional” en busca de superar la situación.
Ubicado entre Colombia y Perú, los principales productores mundiales de cocaína, Ecuador pasó de ser un punto de almacenamiento y tránsito de droga a enfrentar las mafias del negocio. Solo este año ha decomisado la cifra récord de 167 toneladas de drogas.