En una comparecencia ante los medios, la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, informó que el presidente en ejercicio David Choquehuanca “ha firmado y promulgado” la norma que abroga la ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo.
El trámite de anulación anunciado el pasado sábado por el presidente de Bolivia, Luis Arce, ausente por un viaje a Brasil, se consumó esta jornada en el Parlamento, primero con una sesión de la Cámara de Diputados en la madrugada y luego en el Senado, que discutió el asunto a lo largo del día, para ser ratificado en el Ejecutivo.
Prada también señaló que la ley de abrogación ya está publicada en la Gaceta Oficial del Estado, un requisito que han exigido los sectores movilizados para levantar las protestas.
Debate en el parlamento
El debate parlamentario enfrascó por varias horas a oficialistas y opositores en observaciones por la “exposición de motivos” de la norma de anulación de la ley 1386 que establecía que ese paso se daba ante la gesta de un “segundo golpe de Estado” y la desinformación que atribuyen a sectores de la oposición.
Las opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos rechazaron esas afirmaciones al considerar que el problema principal estuvo en la falta de “socialización” de los contenidos y a la premura que muchas veces aplica el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), que tiene mayoría en ambas Cámaras, para aprobar leyes.
En una comparecencia ante los medios después de la sesión del Senado, el presidente de la Cámara Alta, Andrónico Rodríguez, afirmó que ya “no habría motivo alguno” para que algunos sectores sigan movilizados y mantengan protestas.
El procedimiento continuó con la promulgación presidencial y concluyó con la publicación en la Gaceta Oficial del país, según explicó la ministra de la Presidencia.
Protestas todavía en pie
A pesar de la abrogación de la ley 1386 anunciada por el Gobierno, las protestas han continuado esta jornada en regiones como Santa Cruz, el principal bastión de la oposición boliviana y motor económico del país, la capital, Sucre, Cochabamba y Potosí.
Si bien algunos sectores como transportistas y comerciantes han señalado que levantarían las presiones, otros como los comités cívicos y plataformas opositoras han añadido reclamos que apuntan a que se anulen otras leyes y se repongan los dos tercios de votación en los debates legislativos del Senado y la Cámara de diputados.
“El pueblo se manifestó contra la 1386, pero no solamente por ella, sino por un paquete de leyes”, aseguró a Efe Luis Fernando Arias, un representante del sector médico de Santa Cruz que acató la novena jornada del paro.
Para este miércoles, tanto sectores de la oposición al Gobierno como organizaciones afines han anunciado marchas y cabildos en varias regiones del país, unos contra el paquete de leyes y la reposición de los dos tercios de votación mientras que otros contra el paro y la restitución de la normalidad de labores.
Por su parte, la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) llamó este martes a las autoridades a evitar la confrontación e ingresar a un diálogo sincero, limpio y constructivo sobre una agenda nacional y que la apertura hacia un “Estado autocrático” es el riesgo en caso aprobarse proyectos y leyes de dudosa constitucionalidad.
Las recientes protestas en el país han mostrado la persistente polarización política desde la crisis 2019 que según el Gobierno fue un “golpe de Estado” y han estado orientadas a la desestabilización del Gobierno de Arce.