El opositor venezolano Julio Borges criticó al gobierno de Sebastián Piñera tras la deportación efectuada este jueves de 120 de sus compatriotas de regreso a su país natal, advirtiendo que enviarlos de regreso a un territorio dominado por el régimen de Nicolás Maduro es "poner sus vidas en riesgo". En la instancia, abogó por reforzar la integración de los migrantes en Chile, por vías que lleven a su regularización.
El opositor venezolano Julio Borges criticó este viernes al Gobierno de Chile por continuar con la política de deportación de venezolanos, medida que se aleja de los principios humanitarios y acuerdos que se han suscrito en materia de migración, según dijo.
“Reiteramos que esta política se aleja de los principios humanitarios y acuerdos que en materia de migración ha suscrito Chile. Los venezolanos son refugiados, entregarlos a un país gobernado por un régimen que viola derechos humanos y ha causado una crisis humanitaria es poner sus vidas en riesgo”, indicó Borges en su cuenta de Twitter.
Agregó que el Gobierno chileno continúa deportando a migrantes, a pesar de las denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre “las implicaciones y legales de estas decisiones”.
A su juicio, la solución es integrar a los venezolanos, con un marco legal que permita su regularización.
“Los países deben entender que esta crisis no se frenará hasta tanto (Nicolás) Maduro no salga del poder”, añadió.
Unos 120 migrantes venezolanos y colombianos en un vuelo chárter fueron expulsados este jueves desde Chile, en la que fue la mayor operación de deportación realizada este año en el marco de una estrategia para desalentar la migración irregular por la que se pretende echar del país a 1.500 personas en 2021.
“Hay intentos de organizaciones de detener estas expulsiones, pero el Estado de Chile y el Ministerio del Interior cumplen con la ley y los extranjeros que cometan delitos o entren clandestinamente serán expulsados”, señaló el director del Servicio Nacional de Migraciones, Álvaro Bellolio.
Según información oficial, la mayor parte eran venezolanos (más de 70) y fueron deportados a su país de origen por no haber entrado a Chile de forma regular o por haber cometido crímenes que van desde el tráfico de migrantes al homicidio, pasando por el robo con intimidación.
Las expulsiones han recibido duras críticas de diversas organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch (HRW) y de las Naciones Unidas, que alertaron sobre las graves violaciones a los derechos fundamentales de los extranjeros.
Desde HRW denunciaron expulsiones sumarias los fines de semana (cuando las cortes de apelación están cerradas), impedimento para acceder a llamadas telefónicas o abogados, y separación de familias, entre otros.
Igualmente, la Corte Suprema anuló varias órdenes de deportación en los últimos meses por considerar que fueron producto de un “procedimiento contencioso administrativo insuficiente”, pero en casi todos los casos esta anulación fue posterior a la deportación.
Se estima que en Chile residen cerca de 1,4 millones de migrantes -equivalente al 7% de la población- siendo la comunidad venezolana la más numerosa, con alrededor de 450.000 personas, seguida por la peruana y la haitiana.
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