La vicepresidenta de Perú, Dina Boluarte, fue incluida en la investigación fiscal abierta por la supuesta financiación ilícita cometida por el gobernante partido Perú Libre para costear las campañas electorales de varios de sus integrantes, dijeron fuentes de la Fiscalía al diario El Comercio.
Boluarte, que también es ministra de Desarrollo e Inclusión Social, fue imputada por haber abierto a su nombre una cuenta bancaria para recaudar donaciones que ayudasen al líder del partido, Vladimir Cerrón, a pagar la indemnización a la que fue condenado por corrupción.
En el mismo caso han sido imputadas otras 11 personas, entre ellas el viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Braulio Grajeda, que compartía la cuenta bancaria con Boluarte.
De acuerdo al testimonio de un colaborador eficaz de la Fiscalía (delator premiado), la cuenta habría recibido dinero de sobornos cobrados por la Dirección de Transportes del gobierno de Junín, en poder del partido marxista Perú Libre.
El dinero recaudado mediante cobros ilícitos, por la expedición irregular de licencias de conducir, también habría sido usado para financiar las campañas al Congreso de militantes de Perú Libre.
El fiscal a cargo del caso, Richard Rojas, sospecha que Boluarte pudo haber incurrido supuestamente en “actos de lavado de activos que hayan tenido como objetivo financiar indebidamente su campaña política”.
Boluarte explicó que abrió esa cuenta como secretaria de economía de Perú Libre y a solicitud de Cerrón para recaudar donaciones solidarias de los militantes que quisieran ayudarle la reparación civil de la condena que se le impuso por corrupción cuando ejercía de gobernador regional de Junín.
Desde esa cuenta fueron transferidos 15.709 soles (unos 3 millones de pesos chilenos) a la cuenta personal de Cerrón, lo que supone una pequeña porción de los 850.000 soles (más de 174 millones de pesos chilenos) a los que fue condenado el líder de Perú Libre por un delito de negociación incompatible.
Esta condena, que incluye una pena de cuatro años de prisión suspendida, fue la que dejó a Cerrón fuera de las elecciones presidenciales, y en su lugar se postuló el maestro y líder sindical del magisterio peruano Pedro Castillo, que acabó convirtiéndose en el presidente de Perú al ganar los comicios.