Human Rights Watch (HRW) denunció una “brutal estrategia de represión” del gobierno cubano tras las protestas del 11 de julio, con al menos 130 casos de detenciones arbitrarias, maltratos y juicios falsos.
Juan Pappier, investigador para las Américas de HRW, subrayó que esa estrategia tiene como objetivo “infundir miedo” y lamentó que los cubanos hayan sido “sistemáticamente detenidos, incomunicados, sometidos a abusos en condiciones carcelarias nefastas, y juzgados en procesos que son una verdadera farsa”.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, indicó en un comunicado que la organización humanitaria con sede en Nueva York se basó para elaborar este informe en documentos judiciales y en más de 150 entrevistas con víctimas y familiares, activistas y periodistas realizadas entre julio y octubre.
Vivanco presenta este 19 de octubre los resultados de la investigación en la universidad Miami Dade College, al cumplirse 100 días del estallido en las protestas en Cuba.
Palizas oficiales, jueces cómplices
Los 130 casos de violaciones de derechos humanos están relacionados con detenciones arbitrarias, maltratos y procesos penales abusivos a cargo de la seguridad del Estado, las fuerzas militares, la policía nacional y las “boinas negras”, detalla el informe.
Subraya que las “brigadas de respuesta rápida”, que son grupos de civiles organizados por el gobierno, “estuvieron implicados en varias golpizas”. Además, detalla que los “jueces y fiscales, que en Cuba no tienen ninguna independencia respecto del gobierno, facilitaron procesos penales abusivos y participaron en ellos”.
El pasado 11 de julio miles de personas salieron a las calles de forma espontánea en las mayores protestas antigubernamentales en seis décadas en Cuba, que se saldaron con centenares de detenidos (más de un millar, según activistas) y condenas de cárcel.
HRW denunció que en la mayoría de los casos, los detenidos estuvieron incomunicados, fueron arrestados con violencia y en algunos casos maltratados y obligados a hacer “sentadillas desnudos”, privados del sueño, encerrados en celdas sin luz natural o amenazados con represalias contra familiares.
“Las autoridades violaron sistemáticamente el derecho de los detenidos a un juicio justo”, consigna el informe. Detalla que muchos manifestantes pacíficos han sido condenados en procesos penales “sumarios” en los que no se respetaron garantías básicas del debido proceso.
“Fueron juzgados de forma grupal, con frecuencia a más de 10 personas, en audiencias celebradas mayormente a puerta cerrada, en las cuales los fiscales a menudo los acusaron de delitos vagos e imprecisos, como ‘desorden público’, basándose únicamente en testimonios de agentes de las fuerzas de seguridad”, precisa.
El caso José Daniel Ferrer
La organización, que detalla el caso de cada una de las víctimas, señala sobre José Daniel Ferrer, presidente de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), que fue detenido junto con su hijo el 11 de julio. Agrega que el líder opositor, acusado de “desorden público”, “se encuentra en prisión preventiva y se le ha negado la posibilidad de hacer llamadas telefónicas desde su detención”.
En agosto pasado la familia de Ferrer recibió un documento de un tribunal donde se indica que él cumpliría “una pena de 4 años y 14 días de cárcel por un incidente anterior no relacionado con su actual detención”, indica el informe.
Según HRW, el 19 de agosto pasado, las autoridades cubanas informaron que 67 personas habían sido condenadas en relación con las protestas, en su mayoría a entre 10 meses y un año de cárcel, aunque algunos fueron enviados a reclusión domiciliaria tras apelación o fueron liberados después de pagar una multa. HRW señala además que “varios manifestantes parecen haber contraído el virus en detención”.
“Muchos detenidos fueron sometidos a celdas oscuras, hacinadas e insalubres con escaso acceso a agua limpia o mascarillas para evitar la propagación del coronavirus”, indica el informe.