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El presidente del Perú, Pedro Castillo, dejó en manos del Ministerio Público (Fiscalía) el destino de los restos de Abimael Guzmán, el fundador de la banda armada Sendero Luminoso fallecido este sábado a los 86 años, según una comunicación difundida este domingo.
La Presidencia de la República informó, a través de su cuenta en Twitter, que “como gobierno respetamos la ley y la independencia de poderes”.
“No nos corresponde decidir sobre la disposición final del cuerpo del terrorista Abimael Guzmán, pues es competencia del Ministerio Público”, agregó la fuente oficial.
El Ministerio Público precisó en un comunicado que la ley general de salud y el código procesal penal establecen que “los restos deberán ser entregados a los familiares directos debidamente acreditados”.
En ese sentido, confirmó que la ciudadana Iris Quiñonez ha pedido a la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao la entrega del cuerpo de Guzmán expresando tener un poder otorgado por su esposa Elena Iparraguirre, considerada la número 2 de Sendero y condenada también a cadena perpetua por terrorismo.
Esta petición será evaluada en las próximas horas por el fiscal conforme a las normas legales vigentes, indicó el Ministerio Público.
El mandatario izquierdista se encuentra en la región norteña de Cajamarca, su lugar de origen, desde el sábado con su familia y tiene actividades programadas en esa zona hasta el martes.
En una de las actividades realizadas este domingo en la provincia de Chota, Castillo mencionó escuetamente a los participantes que “como ronderos (vigilantes campesinos) hemos luchado y seguiremos luchando contra el terrorismo”.
En la víspera, el presidente peruano escribió en Twitter que Guzmán fue “responsable de la pérdida de incontables vidas de nuestros compatriotas”.
“Nuestra posición de condena al terrorismo es firme e indeclinable”, subrayó Castillo, que ha recibido las críticas de sectores opositores desde que nombró a su primer gabinete por tener a personas acusadas de vínculos con grupos allegados a Sendero Luminoso.
La posición del jefe de Estado contrasta con las opiniones de varios integrantes del Ejecutivo, como la vicepresidenta Dina Boluarte y el ministro de Justicia, Aníbal Torres, que recomendaron que los restos de Guzmán sean incinerados para evitar que haya una tumba a donde acudan sus simpatizantes.
Asimismo, el ministerio de Justicia había advertido que los homenajes a favor de líderes terroristas como Guzmán serán considerados como el delito de apología al terrorismo, castigado con hasta 15 años de cárcel.
