El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, firmó este lunes un decreto con fuerza de ley que altera las reglas de moderación de contenido en las redes sociales y, según sus críticos, dificulta el combate a la desinformación.

Facebook considera la medida inconstitucional y opositores anunciaron que recurrirán a la justicia para frenarla.

La norma, que tiene efecto inmediato pero precisa ser aprobada por el Congreso para transformarse en ley, altera disposiciones del Marco Civil de Internet y según la Secretaría de Comunicación del gobierno busca combatir “la remoción arbitraria e inmotivada de cuentas, perfiles y contenidos por parte de los proveedores”.

El mandatario ultraderechista, que ya tuvo contenidos removidos de sus redes por diseminar información falsa sobre el covid-19, califica como “censura” la suspensión de cuentas o remoción de contenidos que las plataformas han aplicado según sus normas a él y sus partidarios.

El texto establece una serie de hipótesis en las que habría “justa causa” para remover contenidos o suspender usuarios (comisión de delitos, violencia, entre otras) e impone a las plataformas nuevos protocolos para aplicar estas suspensiones.

“Esta medida provisoria limita de forma significativa la capacidad de contener abusos en nuestras plataformas”, afirmó un portavoz de Facebook en un email enviado a la AFP.

La red social “concuerda con la manifestación de diversos especialistas y juristas, que afirman que la propuesta viola derechos y garantías constitucionales”, añadió.

El diputado opositor Alessandro Molon, relator del Marco Civil de Internet (MCI) vigente desde 2014, afirmó que está preparando una acción judicial para derribar la medida firmada por Bolsonaro.

“Su objetivo no es proteger la libertad de expresión, el MCI ya hace eso. Lo que quiere es impedir que la desinformación y el discurso de odio que él y sus seguidores diseminan siga siendo retirado por las plataformas”, aseguró Molon.

Bolsonaro anunció la medida en vísperas de una tensa jornada de manifestaciones convocadas por él y sus seguidores más fervientes en Brasilia, Sao Paulo y otras ciudades, en las que se teme podrían desatarse episodios de violencia si se cruzan con opositores.

Con su popularidad en declive y asediado por investigaciones judiciales contra él y su entorno -entre otras cosas por difundir informaciones falsas-, el mandatario busca, según analistas, hacer una demostración de fuerza para ganar impulso de cara a las presidenciales de 2022, en las que intentará la reelección.