La CIDH, un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), pidió a Bolivia informar sobre la salud de la detenida expresidenta interina Jeanine Áñez, según una carta difundida el miércoles.
Áñez, en prisión preventiva desde marzo por su supuesta participación en un golpe de Estado contra su predecesor Evo Morales, se autolesionó el 21 de agosto en la cárcel, informaron autoridades.
Una vocera de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo a la AFP que una carta al gobierno del presidente Luis Arce “fue enviada en virtud del procedimiento sobre los asuntos de medidas cautelares” solicitadas por la defensa de Áñez.
Pero declinó comentar sobre el contenido aduciendo que toda información sobre el proceso es confidencial.
Publicada por medios bolivianos, la misiva fechada el 31 de agosto está dirigida al canciller Rogelio Mayta y pide enviar “en un plazo de siete días” información sobre la “salud tanto física como mental” de la exmandataria de 54 años, así como detalles de su acceso a atención médica.
Además, requiere indicar las medidas que el Estado habría implementado para “proteger los derechos” de Áñez.
La defensa de Áñez dijo el viernes que había solicitado a la CIDH medidas cautelares en favor de su cliente, señalando “amenazas, hostigamientos y agresiones en contra de la vida e integridad personal de la exmandataria”.
Los abogados también denunciaron “la falta de acceso a un tratamiento médico adecuado (…) para restablecer su estado de salud”.
Áñez atentó contra su vida por una “depresión severa” debida a su prolongado encarcelamiento, dijo días atrás su hija, Carolina Ribera.
“Esperamos que [la secretaria ejecutiva de la CIDH] Tania Reneaum disponga medidas para proteger a Añez”, tuiteó el miércoles el presidente boliviano Jorge Quiroga (2001-2002).
La CIDH emite medidas cautelares para que un Estado proteja a una persona cuando considera que está “en una situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable”.
La conservadora Áñez se proclamó presidenta interina el 12 de noviembre de 2019, después de que el izquierdista Morales renunciara en medio de una fuerte convulsión social, cuando la oposición le acusaba de haber hecho fraude en las elecciones de octubre de ese año para continuar su mandato hasta 2025.
Áñez dejó el poder en noviembre pasado tras nuevos comicios en los que resultó electo Arce, delfín de Morales, y en marzo fue detenida. Algunos de los cargos en su contra son genocidio, sedición, terrorismo y conspiración.
Un informe presentado el 18 de agosto por expertos independientes contratados por la CIDH advierte la necesidad de revisar en Bolivia la existencia de “tipos penales ambiguos, como los de terrorismo, sedición e incumplimiento de deberes”, para evitar su utilización “de manera arbitraria”.