El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó este jueves que una decisión favorable de la Corte Suprema sobre el derecho “ancestral” a la tierra que defienden los pueblos originarios “acabará” con la agroindustria del país, uno de los mayores productores y exportadores mundiales de alimentos.

“Si cambia el entendimiento pasado, de inmediato vamos a tener que demarcar por orden del poder Judicial otra área equivalente a la región Sudeste como tierra indígena y, entonces, acabó la agroindustria”, declaró Bolsonaro a simpatizantes durante su salida del Palacio da Alvorada, su residencia presidencial en Brasilia.

“Las personas dicen que la tierra es de ellos (los indígenas), pero ya ellos son dueños del 14 % del territorio y estaremos demarcando otro tanto equivalente a eso”, subrayó el jefe de Estado y líder de la ultraderecha brasileña.

Para Bolsonaro, se trata de una política “que viene de afuera” para “dejar inviable” la agroindustria.

“Muchos de los países europeos nos critican por la política ambiental. Infelizmente tenemos fuego y deforestación, pero nosotros tenemos más del 60 % preservado y ellos no tienen ni el 10 %. Los extranjeros quieren comprar esas tierras”, afirmó.

Miles de indígenas están concentrados desde el último fin de semana frente a la Corte Suprema de Brasil a la espera de un juicio, previsto para comenzar este jueves, que deberá decidir sobre ese derecho reivindicado.

“Los indios quieren producir y no quieren más favores del Estado, pero muchos son unos ‘pobrecitos’ que no saben contra quién y por qué están protestando”, completó el mandatario.

Lo que está en tela de juicio es una tesis conocida como “marco temporal”, según la cual los indígenas solo podrían reclamar como propias las tierras que efectivamente ocupaban al día 5 de octubre de 1988, cuando fue promulgada la actual Constitución brasileña.

Sin embargo, los movimientos indígenas sostienen que esa tesis acaba con “derechos ancestrales” y además favorece la legalización de áreas ocupadas ilegalmente por terratenientes antes de esa fecha.

El asunto llegó al Supremo a través de una demanda intentada por la estatal Fundación Nacional del Indio (Funai) contra una decisión de un tribunal de segunda instancia que reconoció como propietario de unas tierras seculares de las etnias xokleng, guaraní y kaingang a un organismo público del sureño estado de Santa Catarina.