La encarcelada expresidenta transitoria de Bolivia, la derechista Jeanine Áñez, se “autolesionó” en la cárcel y tiene “rasguños” en un brazo pero su salud es estable, informó un ministro.

“Lamento informar al pueblo boliviano que la señora Jeanine Áñez se generó una autolesión en horas de la madrugada del día de hoy” sábado, dijo el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo.

La abogada de la expresidenta, Norka Cuéllar, afirmó que “lo que ha ocurrido hoy es un pedido de auxilio de la exmandataria”.

El ministro acotó que su “salud es completamente estable, tiene unos pequeños rasguños en uno de sus brazos, sin embargo no hay de qué preocuparse”.

Consultado sobre cuáles habrían sido las razones por esas lesiones, el ministro respondió que hicieron la misma consulta a la exmandataria, encarcelada desde marzo, acusada por el gobierno izquierdista de varios delitos.

“Ella manifiesta desconocer los móviles por los cuales habría intentado generarse algún tipo de lesión”, indicó Del Castillo, quien insistió en que las heridas son “superficiales”.

La familia de la exmandataria de 54 años ha pedido de manera reiterada su traslado a un hospital para que sea sometida a tratamiento médico especializado, por sufrir principalmente hipertensión.

Además la familia se queja de que la atención sanitaria, dentro del penal en la ciudad de La Paz, no es de las mejores.

La Fiscalía General de Bolivia presentó el viernes su acusación contra Áñez por el presunto delito de “genocidio” debido a la represión de partidarios del expresidente izquierdista Evo Morales, en noviembre de 2019, en dos zonas del país donde se registró una veintena de muertos.

Áñez sucedió a Morales, en el poder desde 2006, quien dimitió durante una fuerte convulsión social promovida por la oposición, que lo acusó de haber hecho fraude en las elecciones de octubre de 2019 para continuar en el poder hasta 2025.

Morales, el actual gobierno de Luis Arce y el oficialismo en pleno acusan a Áñez y a la oposición de haber promovido un golpe de estado, con el apoyo de la Iglesia católica, la Unión Europea, y los gobiernos del argentino Mauricio Macri y el ecuatoriano Lenin Moreno.