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La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, estará por lo menos un año en prisión, luego de que este martes un juez extendiera la prisión preventiva por seis meses más. Cabe recordar que la exjefa de Estado ya lleva cerca de cinco meses recluida en un penal en la ciudad de La Paz.
Un juez anticorrupción determinó esta medida dentro de las investigaciones contra la exmandataria transitoria (2019-2020) en el llamado caso “golpe de Estado”, durante la crisis política que afrontó Bolivia en 2019, que derivó en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia.
Luis Guillén, uno de los abogados de Áñez, denunció que la extensión de la medida responde a la decisión de un juez de instrucción en lo penal que “dispuso separar los procesos (del caso golpe de Estado) y remitir” estos antecedentes ante un juez anticorrupción.
El jurista señaló que esta nueva medida se tomó pese a que la defensa impuso un recurso de apelación, el cual aún no ha sido respondido.
En ese sentido, Guillén advirtió que la competencia del juez en este caso seguramente será “objeto de revisión” y de un “amparo constitucional”.
A través de su cuenta de Twitter, la expresidenta transitoria denunció que “dividen un proceso para prolongar la detención”.
“Imponen en audiencia cautelar otros 6 meses más de injusta privación de libertad, violando los derechos humanos y las garantías. Sin Justicia en Bolivia no hay democracia”, afirmó en esa red social que es manejada por sus familiares.
Dividen un proceso para prolongar la detención de #JeanineAñez. Imponen en audiencia cautelar otros 6 meses más de injusta privación de libertad, violando los derechos humanos y las garantías.
Sin Justicia en #Bolivia no hay democracia.#LiberenaJeanine #Justicia— Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) August 3, 2021
La defensa de Áñez ha interpuesto, sin éxito, varios recursos de acción de libertad. A mediados de julio, la exmandataria solicitó una audiencia con la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para exponerle su situación de reclusión y hacerle conocer su situación de salud.
En la misiva a Bachelet, Áñez denunció que durante su detención ha estado “incomunicada” de sus familiares, ha sufrido de depresión lo que “activó una hipertensión arterial prevalente”, que enfermó de los riñones y que sus reiteradas peticiones de recibir atención médica especializada fuera del penal han sido “fue sistemáticamente negadas”.
La exjefa de Estado fue aprehendida el 13 de marzo en su residencia en el departamento amazónico del Beni y es procesada por sedición y terrorismo. Además, hay otras causas abiertas en su contra por las llamadas masacres de Sacaba y Senkata en 2019, por las que se le acusa de genocidio.
Por otra parte, en el Parlamento están otras proposiciones acusatorias por la autorización de un crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin aval del Poder Legislativo, la aprobación de un decreto contra la libertad de expresión y la ampliación de la concesión del Servicio Público de Registro de Comercio.
Por el caso “golpe de Estado”, que surgió a partir de la denuncia de una exparlamentaria del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), también están en detención preventiva dos de los exministros de Áñez y varios exjefes policiales y militares.
