México celebra este domingo un referendo para decidir si se investiga y enjuicia a cinco expresidentes por corrupción, aunque se anticipa una baja concurrencia que lo dejaría sin efectos legales.

La votación, para la cual fueron dispuestas 57.000 urnas, comenzó a las 08:00 locales (09:00 en Chile) y durará diez horas.

Primera a nivel federal, la consulta es impulsada por el presidente izquierdista, Andrés Manuel López Obrador, y su partido, Morena. Para ser vinculante deben votar 37,4 millones de personas (40% del padrón electoral).

El “sí” lograría hasta 90%, pero “difícilmente se llegará al 30%” de participación”, señaló Roy Campos, director de la encuestadora Mitofsky.

Pero AMLO, acrónimo con el que se conoce al gobernante de 67 años, no pierde la esperanza.

El referéndum, del cual se anunciará un conteo rápido en la noche, apunta hacia Carlos Salinas (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

En México los exmandatarios pueden ser juzgados como cualquier ciudadano, pues pierden el fuero al dejar el poder.

Sin embargo, López Obrador argumenta que la consulta es necesaria porque contribuirá a la aplicación de justicia y fortalecerá la democracia participativa.

Aún así no votará, aduciendo que no quiere que el “conservadurismo hipócrita y corrupto” lo acuse de vengativo y porque es “de la idea de seguir adelante”.

“Tampoco quiero pasar a la historia como tapadera (…), la gente tiene que decidir”, sostiene.

AMLO impulsó una reforma que permite someter a los presidentes a un referendo revocatorio cuando cumplan la mitad del mandato de seis años. El gobernante, con una popularidad de 57% según Mitofsky, lo hará voluntariamente en 2022.

Justicia, ¿sí o no?

La pregunta propuesta por López Obrador, que considera la corrupción como el principal problema del país, citaba a sus cinco antecesores, pero la Suprema Corte la modificó al avalar el referéndum.

“Es poco sexy, ni los abogados la entendemos”, dijo a la AFP la constitucionalista Paula Sofía Vázquez.

El enunciado reza: “¿Está de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Para Luis Carlos Ugalde, expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), si la fiscalía tiene elementos contra los exmandatarios no es necesario que “el pueblo te diga sí o no”.

“Esperar los resultados de una consulta es hacer de la justicia un circo político”, comentó a su vez José Miguel Vivanco, director regional de Human Rights Watch.

Pero para Omar García, estudiante de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa -que el 26 de septiembre de 2014 atestiguó cómo 43 compañeros fueron detenidos por policías cómplices de narcotraficantes para luego ser desaparecidos- escuchar la “voz popular” es válido así no sea vinculante.

“El resultado no será determinante para que se haga justicia, pero sí impulsa a acabar con la impunidad”, señala García.

Modesta campaña

Alegando falta de recursos, el INE realizó una modesta promoción del referendo. Instaló 57.000 urnas, frente a 160.000 de las elecciones legislativas y locales de junio pasado.

López Obrador acusa al organismo de avalar “fraudes” en el pasado.

El mandatario llama a tener presente en la consulta escándalos como el supuesto espionaje a opositores, periodistas y defensores de derechos humanos con el software Pegasus durante el gobierno de Peña Nieto, a quien vincula con los sobornos de la empresa constructora brasileña Odebrecht.

Además, acusa a Salinas de vender sectores estratégicos, como el telefónico, a “allegados”, y a Zedillo de “endeudar” al país al absorber una millonaria cartera vencida de los bancos tras la crisis de 1994.

A Fox, en tanto, lo responsabiliza de haber maniobrado para impedir su candidatura presidencial en 2006, y a Calderón de desatar un baño de sangre con su guerra antidrogas.

“¡Ya es hora de que paguen estos rateros!”, afirma Rosario Gómez, comerciante de 52 años, en un mercado de Ciudad de México.

En cambio, Mónica Ortiz-Monasterio, gerente de 59 años que no votará, considera “el colmo que consulten si se persiguen los delitos o los dejamos impunes”.