Un canal de televisión de Perú y sus periodistas más famosos, algunos investigados por la Fiscalía por “llamados constantes de actos de violencia y difusión de información falsa” durante las elecciones, han acusado al presidente electo, Pedro Castillo, de intentar limitar su libertad de expresión.

En un comunicado, Willax, el medio peruano que más espacio ha dado a las denuncias de “fraude” electoral que sostiene sin pruebas fehacientes la derechista Keiko Fujimori, perdedora de los comicios, criticó que el izquierdista Castillo haya pedido al actual Gobierno una sanción administrativa contra el canal.

La carta remitida al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) por Castillo y su abogado, Julián Palacín, es “un claro intento por silenciar” a los periodistas de Willax, según el abogado del canal, Luis Lamas Puccio, junto a otras querellas presentadas por allegados al partido marxista Perú Libre.

Para Lamas Puccio, esta carta puede ser un anticipo de la actitud que puede emprender hacia este canal en particular Castillo, que dentro de ocho días asumirá la Presidencia de Perú y el poder ejecutivo.

“No podemos permitir que nos callen. Si hoy van contra Willax, mañana o más tarde será contra los demás medios de comunicación”, afirmó la presentadora Milagros Leiva, mientras que su colega Phillips Butters se escudó en la libertad de expresión para justificar el contenido de sus programas.

Por su parte, el también presentador Humberto ‘Beto’ Ortiz afirmó que su programa cumple con los “códigos del buen periodismo” y añadió: “No van lograr callarnos, no les tenemos miedo”.

Campañas difamatorias

En la carta enviada por Castillo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el presidente electo solicita que se abra una investigación contra Willax por la “violación del código de ética en la prestación de los servicios de radiodifusión” con “campañas difamatorias”.

Entre esas violaciones que el presidente electo acusa a Willax está especialmente el derecho a la veracidad de la información y el respeto al honor.

Castillo aseveró en su misiva que “un medio de comunicación que difama, miente y afecta al honor de las personas debe recibir las sanciones de ley”, por lo que exhorta al ministerio responsable de dar las concesiones de multar al canal y derivar denuncias penales y civiles contra los responsables.

El documento remitido por el profesor y líder sindical del magisterio fue rechazado por el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) al considerar que contiene “términos intimidatorios contra la libre expresión de Willax”.

Imputados por presunta sedición

Esta polémica ocurre simultáneamente a la investigación preliminar abierta por la Fiscalía contra el excandidato presidencial ultraderechista Rafael López Aliaga y varios periodistas de Willax por presunta sedición al incitar a desconocer los resultados de los comicios ganados por Castillo.

En su resolución, la fiscal Juana Gladys, quien está a cargo de la investigación, sostiene que Willax habría difundido “noticias con connotación conspirativa, incitando a que se desconozcan los resultados electorales, tratando de debilitar a las instituciones electorales y haciendo incluso llamados a dar un golpe de Estado”.

Para la magistrada, los denunciados utilizarían como plataforma el partido de López Aliaga (Renovación Popular) y el canal Willax como “medios masivos para hacer llegar mensajes de odio e instigación a matar” a miembros del partido de Perú Libre.

También cita varias declaraciones de ‘Beto’ Ortiz, que en su programa habría realizado “llamados constantes de actos de violencia y difusión de información falsa”.

Sobre Butters, la fiscal sostiene que el presentador estaría incitando públicamente a la ciudadanía a tomar el Palacio de Gobierno y sacar al presidente interino Francisco Sagasti para tomar el control del Gobierno, una “acción de idea conspirativa compartida y propalada públicamente por López Aliaga y sus partidarios”.

Todas las misiones de observación electoral señalaron que las elecciones presidencias de Perú fueron transparentes y sus resultados legítimos, lo que es compartido por organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) y por gobiernos como los de Estados Unidos y Canadá.