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Al cabo de 40 días de haberse iniciado una de las más agudas crisis políticas de los últimos años en Colombia que ha dejado al menos 60 muertos, el gobierno anunció que el Comité Nacional de Paro había suspendido la víspera de manera unilateral las conversaciones que mantenían las dos partes desde el 7 de mayo.
“El Comité Nacional del Paro ha dejado al país en mora de soluciones y sin haber condenado los bloqueos. Estamos esperando que lo que se convoque se haga con responsabilidad para que no impacte más las cifras de contagio por covid-19″, dijo el consejero para la Estabilización, Emilio Archila, representante del gobierno en esas discusiones.
Archila indicó también que las autoridades están dispuestas a “continuar las negociaciones para llegar a un texto sobre garantías para la movilización y entrar a los temas de fondo del denominado pliego de emergencia del Comité”.
‘Los bloqueos no son protesta pacífica’: Duque
El presidente Duque rechazó el sábado de manera enérgica los bloqueos afirmando que éstos “no son un tema de negociación ni de trueque” y que tampoco son expresión de una “protesta pacifica”, sino que son “una agresión a los derechos de toda una nación”.
El Comité Nacional de Paro había propuesto a finales de la semana anterior una desescalada de los bloqueos, que llegaron a sumar más de 800, pero el gobierno exige el levantamiento de todos ellos.
Según el Ministerio de Defensa, en el país persisten 46 cortes de rutas que afectan el abastecimiento y provocaron la muerte de dos bebés que quedaron atrapados en ambulancias.
Por su parte, el Comité Nacional de Paro, además de acusar al gobierno de “dilatar a propósito” las negociaciones, sostuvo que sigue a la espera de que el Gobierno nacional acoja el preacuerdo del 24 de mayo y derogue el decreto 575 que autoriza la asistencia militar para el manejo de la protesta social. También hizo un llamado a una nueva jornada de protestas el miércoles.
Modernización de la policía
La posición inflexible del gobierno en la negociación con el Comité Nacional de Paro va acompañada de un anunció del presidente Duque el fin de semana de que “modernizará” la policía.
El mandatario ordenó “un decreto que modernizará la estructura orgánica de la Policía Nacional, sobre todo para fortalecer la política (…) de los derechos humanos”, durante una ceremonia de ascensos de la institución en Bogotá.
Sin ceder a la presión de los manifestantes que exigen que la policía salga de la tutela del Ministerio de Defensa para convertirse en un cuerpo civil, el presidente anticipó una “transformación” de la institución, agregando que creará una “dirección de derechos humanos” encabezada por un experto ajeno a la organización.
La reforma “busca la profesionalización para que todos los policías sean certificados en derechos, en uso de la fuerza”, dijo a la AFP el ministro de Defensa, Diego Molano.
CIDH en Colombia
El anunció se da a conocer el mismo día en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llega al país para evaluar la situación en medio del estallido social.
Aunque el plan responde al clamor popular por un cambio en la policía, el analista Jorge Restrepo expresó en Twitter que la medida resulta “tardía” porque “llega cuando la confianza en la institución se ha deteriorado (….) y no se articula con la investigación de abusos”.
Hoy, tras varias semanas de choques en las principales ciudades entre jóvenes manifestantes y uniformados, un 56% de los colombianos tienen una opinión negativa sobre la institución, según la firma Invamer.
La ONU, Estados Unidos y la Unión Europea han denunciado un uso desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades en las protestas.
En el poder desde 2018, el conservador Duque ha respaldado el accionar de la policía en estas protestas.
Según el Ministerio de Defensa, 56.000 de los 160.000 policías con los que cuenta el país han intervenido en las manifestaciones de las últimas semanas.
Al menos 61 personas han muerto desde que iniciaron las protestas, según autoridades y la Defensoría del Pueblo (ombudsman). Dos de ellos eran uniformados.
Por su parte, la ONG Human Rights Watch asegura tener “denuncias creíbles” sobre 67 muertes ocurridas desde que comenzaron las protestas. La organización ha confirmado que 32 de ellas “tienen relación con las manifestaciones”.
