El Paro Nacional en Colombia cumple un mes de duración este 28 de mayo, pero, hasta ahora el Gobierno de Iván Duque no logra establecer un puente de entendimiento.
Las diferencias se reflejan hasta en las cifras de desaparecidos, una de las mayores preocupaciones dentro y fuera del país.
La Fiscalía anuncia que “las autoridades siguen buscando a 129 personas que fueron reportadas como desaparecidas durante las protestas de las últimas semanas”.
Por otra parte, la ONG Indepaz dice haber logrado consolidar “un listado de 346 nombres de personas que han sido reportadas como desaparecidas directamente a nuestra entidad”.
La vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, dio cuenta que en Colombia solo habría una persona reportada formalmente como desaparecida.
Veeduría estatal no verifica los casos
¿Por qué estas diferencias tan grandes en las cifras de desaparecidos en el marco de las protestas?
“Creo que el problema entre cifras oficiales y las recogidas por otros entes puede radicar en la demora de la Defensoría del Pueblo en tomar cartas en el asunto”, dijo Sebastián Lanz, codirector de Temblores.
“Esto, puesto que los mecanismos de veeduría y control han tardado en empezar a verificar los diversos casos de violencia”, agregó Lanz.
Temblores ha registrado desde el 28 de abril 3.155 hechos de violencia en las protestas.
“Nos preocupa mucho que los entes estatales no estén llevando un registro actualizado de estos hechos”, reclamó Lanz.
Además, agregó que “la inactividad de las autoridades ha llevado a diversas organizaciones humanitarias a asumir la tarea de registro y observación de cómo se está comportando la Fuerza Pública”.
Una guía para documentar la violencia policial
Ante el aparente desinterés gubernamental por el registro de los casos de violencia, la ONG Temblores “se vale de GRITA. Los ciudadanos pueden denunciar los casos de abuso o maltrato policial”.
El acróstico GRITA es una guía para garantizar la confiabilidad de las denuncias en cinco pasos. “Grabando la violencia policial, Registrándola, Investigándola, Triangulando información de las denuncias y Asistiendo a las víctimas”, así se busca prevenir el abuso de la Policía.
¿No hay cifras oficiales confiables porque a las entidades estatales no les interesa recopilarlas?
“El Gobierno de Colombia ha puesto a la cabeza de la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía a personas que no están interesadas en cumplir la misión de las entidades que dirigen”, dijo Gimena Sánchez-Garzoli, directora para los Andes de WOLA, la Oficina en Washington para asuntos Latinoamericanos.
Una impresión que la directora confirmó en Washington, donde aceptó la invitación de la cancillería para una charla con la vicepresidenta de Colombia.
Un país a la espera de la CIDH
La vicepresidenta y nueva canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, volvió a desmentir que el Gobierno de Duque haya negado la entrada a una comisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Ramírez pidió esperar a las investigaciones de los organismos de control antes de autorizar las visitas solicitadas de la Organización de Estados Americanos y la CIDH sobre las protestas, que ya dejan al menos 44 muertos.
Solo que justamente esos “organismos de control”, como las mencionadas Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, no muestran avances reales en las investigaciones.
En EEUU crece la preocupación
En Estados Unidos crece el nerviosismo y la preocupación por la conducta de su otrora “alumno modelo” en América del Sur.
El congresista republicano Jim McGovern dice estar “alarmado” por los reportes de desaparecidos y pide a Duque “cumplir con sus obligaciones de Derechos Humanos y rendir cuentas sobre las denuncias de asesinatos, desapariciones y violencia sexual durante las protestas”.
55 miembros del Congreso de Estados Unidos instan al Departamento de Estado a “denunciar claramente y sin ambigüedades la brutalidad policial en Colombia”.
En una carta abierta, los parlamentarios piden incluso “la suspensión de la ayuda directa a la policía colombiana tras las violaciones de los derechos humanos”.
El sindicato UNI Global Union pidió a la Administración de Joe Biden que “defienda los derechos humanos y la democracia en Colombia”.
Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, “animó” en rueda de prensa a las autoridades colombianas “a localizar a las personas desaparecidas tan pronto como sea posible”.
El Gobierno de Iván Duque niega aún que haya un uso excesivo de la fuerza policial, pero el 11 de mayo anunció el inicio de “65 acciones disciplinarias, entre ellas, 8 por homicidio contra agentes de la Policía”.
¿Violaciones de derechos humanos con ayuda de Washington?
La creciente preocupación en el Congreso de Estados Unidos por las violaciones a los DDHH se debe, según Gimena Sánchez-Garzoli a que USA apoyó a las Fuerzas de Seguridad colombianas por más de 20 años.
A esto se suma que en Colombia se utilizan armas y munición de compañías privadas estadounidenses de forma equívoca.
Por último, Estados Unidos apoyó la implementación del Acuerdo de Paz. “Un compromiso que no se cumplió y que son causas determinantes que han llevado a la crisis actual, mucho antes de la pandemia”, dijo Sánchez.
El codirector de Temblores resalta que “muchos de los casos que se reportan como desaparecidos, pueden tratarse de detenciones arbitrarias de los manifestantes”.
Allí, por ley, los detenidos deben contar con la presencia del Ministerio Público para verificar el respeto de los derechos humanos.
“Pero lo que hemos visto durante el Paro Nacional es que la Policía ha conducido a las personas a otro tipo de instalaciones”, explicó Lanz.
Según Temblores, ni la Defensoría del Pueblo ni la Personería están actuando, esa ONG anuncia el lanzamiento de “un plan de emergencia en búsqueda de los desaparecidos”.
A nivel internacional, Gimena Sánchez, lanza un llamado a los parlamentos y gobiernos de los países que aportan ayuda a Colombia a exigir el cumplimiento de los compromisos.