Más de 2.000 personas han denunciado formalmente haber sido esterilizadas de manera forzosa, de las que 1.307 resultaron con lesiones graves y otras fallecieron por las secuelas en Perú.

La candidata a la Presidencia de Perú, Keiko Fujimori -hija y heredera política del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000)- negó este viernes que se hayan cometido esterilizaciones forzadas durante el mandato de su padre, un caso en el que está acusado como autor mediato (con dominio del hecho).

Preguntada por el indulto que ha prometido otorgar a su padre -que cumple una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad- Keiko Fujimori aseguró que el caso de la nueva acusación se ha llamado erróneamente como esterilizaciones forzadas.

“Fue un plan de planificación familiar”, aseveró Fujimori, en referencia al Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, practicado entre 1996 y 2000, donde se estima que se esterilizaron a unas 300.000 personas, aunque se desconoce cuántas fueron sometidas de manera forzosa a la cirugía.

Miles de víctimas de esterilizaciones

Son numerosos los testimonios de mujeres andinas, pobres y quechua, hablantes que denuncian haber sido sometidas a ligaduras de trompas sin su consentimiento, bajo coacciones y sin el equipamiento y condiciones mínimas, lo que a algunas les causó lesiones graves e incluso la muerte.

Algo más de 8.000 personas, entre las que hay también hombres, están inscritas en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo), abierto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desde el 2016. Poco más de 2.000 son las que han denunciado formalmente haber sido esterilizadas de manera forzosa de las que 1.307 resultaron con lesiones graves, y de ellas cinco fallecieron a causa de las secuelas de la intervención.

Esto ha sido el núcleo de una investigación que ha sido archivada y reabierta en diversas ocasiones hasta que ahora, unos 25 años después de los hechos, la demanda de Justicia de las víctimas está a punto de llegar a un juicio. Desde marzo, el fiscal a cargo del caso, Pablo Espinoza, está formulando su acusación en la que considera a Alberto Fujimori “el máximo y principal responsable” de las esterilizaciones forzadas.

Para Keiko Fujimori -que por tercera vez consecutiva está en la segunda vuelta de las elecciones presenciales que se celebrarán el 6 de junio- todo el informe del fiscal “son investigaciones que se vienen llevando a cabo desde hace 20 años y que se han archivado en cuatro oportunidades (…) Pero por supuesto somos respetuosos de las decisiones que de manera autónoma tome el sistema de justicia, ya sea el Ministerio Público (Fiscalía) o el Poder Judicial, y de acuerdo a eso actuaremos. Esperaremos la resolución judicial para tomar una decisión”.

En caso de indultar a su padre al llegar a la Presidencia, esa gracia también alcanzaría para los procesos penales que el exmandatario aún tiene en marcha, como son las esterilizaciones forzadas y la matanza de Pativilca (1992), en la que seis personas fueron masacradas por el grupo militar encubierto Colina.

Actualmente Alberto Fujimori, de 82 años, cumple una condena de 25 años de prisión como autor mediato por las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), además de por los secuestros de un empresario y un periodista, y por la gran corrupción que se instaló en el aparato estatal.