El detonante de las recientes protestas masivas en Colombia, que dejaron 39 muertos, cientos de heridos y desaparecidos, fue la reforma tributaria presentada por el presidente, Iván Duque.

Reducir el déficit fiscal, sostener la inversión y financiar los subsidios para las personas más pobres eran los objetivos de la propuesta, que incluía un aumento del IVA, del impuesto funerario, los servicios básicos y la renta.

Como en otros países de Latinoamérica, la pandemia del coronavirus puso a Colombia ante una emergencia sanitaria que exigió, según el gobierno, aumentar el gasto público para afrontarla.

Si bien, según economistas, es necesaria una reforma tributaria para sanear la economía, gente de diversos sectores salió a las calles para manifestar su descontento.

Pero ese descontento social en Colombia no es nuevo. En octubre de 2019 hubo protestas en todo el país contra las medidas del gobierno de Duque, que surgieron paralelamente con los estallidos sociales en Chile y Ecuador.

Y todos ellos fueron, en mayor o menor medida, asfixiados por el surgimiento de la pandemia.

Cifras alarmantes de pobreza

“Las cifras de pobreza y hambre en Colombia en el último año son alarmantes”, dijo al respecto Alejandro Rodríguez Llach, investigador en Justicia Económica del centro de investigaciones Dejusticia, de Bogotá, en entrevista con DW.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la pobreza escaló en 2020 hasta un 42,5%. Otro 30% de la población está en situación de vulnerabilidad económica.

Tiene ingresos por encima del nivel de pobreza, pero ante cualquier crisis económica está en riesgo de caer en la pobreza extrema. A eso se suma que el desempleo subió 5 puntos en 2020, sobre todo entre los más jóvenes. Estos aumentos de la pobreza se presentan, sobre todo, en las ciudades.

En Colombia hay más de 21 millones de personas que viven en la pobreza, en comparación con la cifra de 17,4 millones en 2019.

El salario mínimo llega a los 250 dólares. Vivir en la línea de pobreza en Colombia significa tener un ingreso individual per cápita de 338.000 pesos. En la pobreza extrema viven los que reciben 145.000 pesos por mes.

“El cambio de régimen del IVA iba a hacer, sin embargo, que aumentaran los precios de la canasta familiar. Si bien se contemplaba una devolución de ese IVA a los hogares más pobres, no se consideró a la población de clase vulnerable, que es casi la mitad de la población que no tiene acceso a las ayudas del Estado y no tiene forma de mitigar los impactos de la pandemia”, explicó Alejandro Rodríguez.

Esa gente depende exclusivamente de su salario, que se deteriora continuamente. La propuesta, además, “causó gran indignación porque, si bien tenía algunos elementos progresivos, concentraba la recaudación en la clase media, y no en el sector de altos ingresos”, añadió

Una “mezcla altamente explosiva”

Las cifras del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas indican que casi 7,5 millones de colombianos viven en condiciones de precariedad alimentaria.

Es decir, que no logran ingerir las 2.100 calorías necesarias por día para no caer en la desnutrición. Un 5,5% más que en 2019.

Eso implica que 1,6 millones de familias no pudieron continuar con tres raciones diarias en 2021, según el DANE.

Ya en 2015, la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) reveló que un 54,2%, es decir, uno de cada dos hogares en Colombia, no podía acceder a una alimentación básica diaria.

“Mucha gente en Colombia ya no tiene nada que perder, aparte de su vida”, dice la representante de Adveniat, refiriéndose a las protestas.

“Es la desesperación total, la rabia y la indignación la que los hace salir a la calle, para hacerse escuchar y ver si pueden cambiar algo. Y esa mezcla es altamente explosiva”, señaló.

Para Alejandro Rodríguez, “la situación en Colombia es similar a la de Chile, pero va más allá. Colombia es uno de los países más desiguales de América Latina a nivel socioeconómico, con una redistribución de ingresos muy precaria!.

Según Monika Lauer Pérez, “va a ser difícil que la gente crea en las posibles soluciones que ponga sobre la mesa el gobierno colombiano. Los sindicatos y gremios exigen ahora una renta básica para todos los que la necesiten. La conferencia episcopal de Colombia y la ONU se han ofrecido como mediadores en las negociaciones”, dice la asesora de Adveniat.

Alejandro Rodríguez piensa que un tema clave es el derecho a la protesta en Colombia.

Dice que lo que avivó las protestas es “la violencia que se vio por parte de las fuerzas del Estado, y que dejó una cifra dolorosa y alarmante de muertes… El gobierno no ha mostrado su indignación ante esos excesos de la fuerza pública”.

Puede que haya acuerdos, pero van a ser superficiales, opina. “Pero sería bueno que al menos calmen la situación de caos y que la batalla política por el futuro del país se lleve a cabo en las elecciones de 2022”.