América Latina: cuando se mezclan la justicia y la política

Jeanine Áñez, expresidenta interina de Bolivia, se encuentra en prisión preventiva, dictada por la Justicia a solicitud de la fiscalía boliviana. En su contra se desarrolla una investigación por acusaciones de “sedición, terrorismo y conspiración”, en lo que ya se conoce como el caso “golpe de Estado”.

Sus partidarios hablan de “persecución política”, como lo hicieran en su día los seguidores de Evo Morales, forzado a dejar la presidencia de Bolivia en noviembre de 2019. Morales fue acusado de varios delitos, entre ellos el de terrorismo.

Otros miembros de su gobierno corrieron una suerte parecida. Human Rights Watch (HRW) analizó 21 casos, detectando “evidencia de cargos infundados, violaciones del debido proceso, cercenamiento de la libertad de expresión y uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva”.

Eso sí, HRW constató también en su informe que durante el gobierno de Morales, “la fiscalía presentó cargos contra varios de sus rivales políticos, en casos que parecían estar motivados por razones políticas”. El problema de la Justicia boliviana no es nuevo.

“Es un fenómeno que se ha mostrado en los 14 años de Gobierno de Evo Morales, pero también en los tiempos de la presidenta interina, Jeanine Añez”, afirma Marie Christine Fuchs, directora del programa Estado de Derecho para Latinoamérica, de la fundación Konrad Adenauer (KAS), cercana a la conservadora Unión Cristianodemócrata alemana.

De todos modos, en lo tocante a Añez, considera que hubo “violación del debido proceso, porque la orden de captura efectivamente no se basó en hechos debidamente fundados. Por eso, hay un uso arbitrario de la figura de detención”.

Control judicial

Pero las interrogantes sobre la independencia de la Justicia no se limitan a Bolivia. La sombra de las dudas viene planeando desde hace años también sobre otros países como Brasil, donde un juez de la Corte Suprema anuló recientemente las sentencias contra el expresidente Luiz Inácio “Lula” da Silva. Se trata de un fallo relativo solo a aspectos formales de un proceso en el que, sin embargo, hubo también sospechas de fondo.

“Ya se sabía que, bajo el pretexto de combatir la corrupción a cualquier precio, en la ‘Operación Lava Jato’, los fiscales y jueces violaron leyes procesales y garantías constitucionales, como la presunción de inocencia”, señalan Carol Proner y Juliana Neuenschwander, de la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia (ABJD), en un escrito titulado “El lawfare como arma política”.

Y agregan que “Sergio Moro se consagró como héroe nacional contra la corrupción, centralizando todos los procesos… El estilo del magistrado, posteriormente nombrado Ministro de Justicia por el presidente Jair Bolsonaro, siempre fue singular, discrepando de la usual y recomendada discreción en la magistratura“.

Marie Christine Fuchs concede que el paso del juez Moro a la cartera de Justicia en Brasil alimentó en su día sospechas de que “tal vez haya habido una cercanía demasiado grande entre la Justicia y la política”. No obstante, considera que en Brasil, como en Colombia, hay tribunales que están ejerciendo su tarea de control.

“Esa es justamente la función de la Justicia. Claro que se convierte en un problema si se politizan los procesos. Sé que a muchas cortes en la región a veces se les reprocha un cierto activismo político, porque a veces asumen funciones que en otros países sería mejor ubicar en manos del parlamento. Pero, en muchos casos, los tribunales justifican su actuar invocando las omisiones de los parlamentos”, dice.

No obstante, subraya que “no todo es blanco o negro” y que las posibilidades de acción parlamentaria se han visto restringidas, en los últimos tiempos, debido a la pandemia del coronavirus. “Muchos gobiernos han dictado estado de emergencia, y esto les ha permitido gobernar por decreto, sin control parlamentario y solamente con el control judicial posterior”.

Fundamento de la democracia

La experta de la KAS, autora del libro “Justicia y política en América Latina: ¿un amor-odio?”, considera que se está viviendo un escenario muy peligroso para el Estado de derecho en la región, donde hay tendencias populistas. Y enfatiza que “para asegurar la democracia en el continente, una de las tareas más necesarias es fortalecer la independencia judicial”.

Su debilidad actual la atribuye a la debilidad general de las instituciones, producto de una serie de factores, entre ellos, Fuchs destaca “la desigualdad estructural que viven desde hace siglos los latinoamericanos, que les hace difícil creer en la Justicia y su independencia”. Más aún cuando no todos parecen entender de igual forma los límites que impone la división de poderes.

Como muestra, un ejemplo: en noviembre pasado, el presidente de El Salvador causó polémica con tuits que, según consigna la ONU en su portal de noticias, “intentaron presionar al poder judicial para acelerar los juicios contra figuras de la oposición”. El relator especial la ONU sobre la independencia de los jueces y abogados, Diego García-Sayán, recordó que “el poder ejecutivo debe respetar la independencia del poder judicial y abstenerse de socavar su autoridad”, agregando que las decisiones judiciales deben ser acatadas, “no interpretadas por otros poderes del gobierno”.