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Al menos 64 políticos mexicanos han sido asesinados en lo que va del proceso electoral, de septiembre de 2020 a febrero de 2021, informó este jueves Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
La secretaria detalló que de los 73 delitos relacionados con violencia política, que incluyen también agresiones, más de la mitad han ocurrido en solo siete estados: Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco.
Por ello, la funcionaria presentó en la conferencia matutina de Palacio Nacional la “Estrategia de protección en contexto electoral” para los próximos comicios del 6 de junio, que serán las más grandes de la historia de México con cerca de 21.000 cargos en juego.
“A más de tres meses de la jornada estamos trabajando para frenar el incremento de estos delitos porque las organizaciones criminales buscan fortalecer su operación mediante la intimidación y el aumento de su influencia política”, expresó Rodríguez.
El 6 de junio 94 millones de votantes están llamados a elegir a los 500 diputados federales, 15 gobernadores de un total de 32 estados, 30 congresos estatales, 1.900 ayuntamientos, y otros miles de regidores y síndicos.
Las elecciones ocurrirán en un contexto en el que México ha registrado los dos años más violentos de su historia con 34.648 víctimas de asesinato en 2019 y 34.515 en 2020.
La titular de la SSPC expresó particular preocupación por los candidatos a alcaldes al señalar que en los estados Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Jalisco ve mayor riesgo de que el crimen coopte a candidatos.
“Se heredó el partido de la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco. Hubo regiones del país donde decidían los candidatos y buscan actualmente seguir controlando mediante campañas de miedo”, argumentó Rodríguez.
La estrategia de protección incluirá mesas de trabajo entre autoridades judiciales y electorales, reforzar la seguridad en municipios de alto riesgo, y facilitar investigaciones y protección para candidatos amenazados.
En el plan participarán la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobernación (Segob), las fiscalías, los partidos políticos, gobernadores y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El presidente, Andrés Manuel López Obrador, indicó que el objetivo es “darle protección a candidatos” para “que no los obliguen a declinar por amenazas”.
El mandatario aseguró que buscan frenar tanto a los grupos del crimen organizado como a los “criminales de cuello blanco”.
“La protección tiene que ser voluntaria, aceptada, porque no puede ser una intromisión por la fuerza a un proceso electoral, eso no, tiene que ser de acuerdo con las autoridades, también con los organismos electorales, pero nadie podría oponerse a esto”, manifestó.
