El viernes, el Senado argentino convirtió en ley un impuesto extraordinario “a las 12.000 personas” de mayor fortuna para solventar la lucha contra la covid-19, otorgar subsidios a la pobreza y créditos a Pymes, entre otras ayudas sociales de emergencia.
El proyecto quedó aprobado con 42 votos a favor y 26 en contra tras un largo debate que polarizó a las fuerzas plíticas en una sesión transmitida en directo por Youtube.
La alianza progubernamental hizo valer su mayoría para aprobar el llamado “aporte solidario” que por única vez tratará de recaudar el equivalente a unos 3.000 millones de dólares.
“Nadie tendrá que vender máquinas ni campos. El tributo recae sobre la financiación de riqueza”, argumentó la directora del ente tributario, Mercedes Marcó del Pont.
La jefa recaudadora del gobierno del presidente Alberto Fernández dijo que la gabela alcanzará “a casi 12.000 contribuyentes, que muestran disponibilidades líquidas que son 25 veces superiores al impuesto que deben pagar”.
La norma cosecha un rechazo enérgico de la primera fuerza opositora, la neoliberal Juntos por el Cambio, del expresidente Mauricio Macri, quien dijo que se trata de una medida “confiscatoria”.
En coincidencia, la influyente Asociación Empresaria Argentina (AEA) dijo que “afecta la propiedad privada, golpea la inversión, la producción, el empleo y produce un gran desaliento”.
La discusión por el llamado popularmente “impuesto a los millonarios” se produce en un país con el 40,9% de sus 44 millones de habitantes en la pobreza y cuya economía está en recesión desde 2018.
El desempleo es mayor al 10% y la caída del Producto Interno Bruto (PIB) estimada para 2020 es mayor al 11%, según el Banco Central, con un déficit fiscal que ronda los ocho puntos, desorbitado por los gastos frente a la pandemia, que deja más de 39.000 muertes y casi 1,5 millones de trasandinos contagiados.
Desigualdad social
“Hay espacio fiscal para gravar a los que más tienen por primera vez en la historia con un impuesto directo. Esto pasa no solo en Argentina. El sistema tributario regional es tremendamente desigual e inequitativo”, dijo a la AFP Adrián Falco, secretario de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe.
“El sistema se basa en impuestos al consumo y nunca en los que más tienen. Los que realmente pagan impuestos son muy pocos y para evadir se usan paraísos fiscales y empresas fantasmas”, señaló.
La iniciativa que aprobó la Cámara de Diputados, por 133 contra 115 votos, con dos abstenciones de la izquierda, grava a quienes tuvieren patrimonio declarado mayor a 200 millones de pesos (2,3 millones de dólares) con una tasa progresiva de hasta 3,5% sobre los bienes en Argentina y de hasta 5,25% sobre los bienes fuera del país.
“Enardecer espíritus”
“Este impuesto es una locura total. Se le plantea a quienes ya tienen 32 mil problemas y esto va a enardecer espíritus”, cuestionó el economista Juan Carlos de Pablo, profesor de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos (Ucema),
Un 20% de la recaudación será destinado a insumos médicos para la pandemia, otro 20% a Pymes, 15% a desarrollos sociales, 20% a becas estudiantiles y 25% a emprendimientos de gas natural.
“El tributo alcanza al 0,8% del total de los contribuyentes. El 42% tienen activos dolarizados, de los cuales el 92% están radicados en el exterior. Lejos está de gravar la actividad productiva”, explicó uno de los autores del proyecto, el legislador oficialista Carlos Heller.
En la vereda opuesta, el presidente de la poderosa Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, advirtió que se “lo quiere presentar como una contribución de los más ricos, pero sabemos lo que pasa con todos esos gravámenes únicos, se quedan para siempre”.
Pero Hernán Letcher, director del Centro de Estudios de Política Económica (Cepa), explicó que “la propuesta no es exclusividad argentina y hay al menos 11 países de Europa y Latinoamérica que avanzan en mayor justicia tributaria”.
“Estas medidas de sostén de ingresos a las familias y de subsidios es para mitigar la desigualdad”, indicó Letcher a la AFP.