Mientras en México el Estado desviado se sigue reproduciendo en casos como el de Omar García Harfuch, actual Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la Justicia de EEUU sacude el sistema mexicano. El análisis de la periodista Anabel Hernández en nuestro medio asociado, Deutsche Welle.
Tarde o temprano iba a suceder, y ocurrió el jueves 15 de octubre pasado cuando el General de División Salvador Cienfuegos, Secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) llegó al aeropuerto Internacional de Los Angeles, California, acompañado de su familia. Lo que parecía un viaje familiar terminó en un segundo golpe, contundente y demoledor, del sistema de justicia estadounidense contra el sistema de narco- corrupción de Mexico.
El general Cienfuegos no pudo continuar con su viaje. Fue arrestado por la agencia antidrogas DEA, acusado de narcotráfico. Así se convirtió en el segundo ex Secretario de Estado mexicano arrestado por el gobierno de Estados Unidos en menos de un año. En diciembre pasado fue detenido en Texas Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública Federal en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), mientras pensaba que iba a una cita de rutina para sacar un permiso de residencia permanente en ese país.
Los dos hombres, García Luna y Cienfuegos, tienen mucho en común y no es casual. Ambos encabezaron las políticas públicas de seguridad y supuesto combate al narcotráfico en los dos últimos sexenios. Cada uno en su tiempo fue columna vertebral de la seguridad nacional de México. Y eran hombres de toda la confianza del Presidente de turno que los escogió para el importantísimo encargo: Calderón y Pena Nieto, respectivamente.
García Luna y Cienfuegos tenían un negro historial desde antes de ser nombrados secretarios de Estado. García Luna había tenido un desastroso paso por la Agencia Federal de Investigaciones y desde 2005 había un expediente abierto en contra de el y sus más allegados en la AFI, como Luis Cárdenas Palomino, y otros por complicidad con el Cartel de Sinaloa y Los Beltrán Leyva. Cualquiera que hubiera revisado su expediente de policía habría visto que no solo no debía continuar sino que debía ser puesto tras las rejas.
Antes de ser nombrado por Calderón como Secretario de Seguridad Pública, al entonces Presidente electo le entregaron pruebas documentales de los nexos de García Luna, Cárdenas Palomino y otros del equipo con el crimen organizado, pero eso no impidió su nombramiento.
En el caso de Cienfuegos ocurrió algo similar. De 2005 a 2007 fue jefe de la IX región militar cuya sede era Acapulco, Guerrero. Junto con la AFI cobijó al Cartel de Sinaloa y particularmente a los Beltrán Leyva quienes eran amos y señores de la región.
Era pública la inacción del ejército contra esa organización criminal.
De 2007 a 2009 fue nombrado Jefe de la I Región Militar, cuya sede es la Ciudad de México, en donde también el Cartel de Sinaloa y sus socios, los Beltrán Leyva, hacían lo que querían. Se sentían tan seguros que era la Ciudad de México su lugar preferido para hacer sus reuniones del consorcio criminal.
En 2010 capos de la droga, en particular Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, declaró en la PGR cómo el ejército en Guerrero y la Ciudad de México protegían a los Beltrán Leyva y al Cartel de Sinaloa. Dio detalles de cómo, cuándo y dónde. Habló de los pagos periódicos de sobornos a la cúpula militar de esas regiones. Evidentemente hablaba de Cienfuegos y otros. De 2009 a 2012, el general ahora detenido era el Oficial Mayor de toda la Secretaría de la Defensa Nacional.
En noviembre de 2012 publiqué, en un libro titulado México en Llamas, estos señalamientos que había en la PGR sobre la gestión de Cienfuegos. Cuando Peña Nieto lo nombró por recomendación insistente de un amigo mutuo, el empresario Jaime Camil Garza, el Presidente sin duda debía conocer los antecedentes de Cienfuegos. Aún así lo nombró.
Cuando García Luna y Cienfuegos fallaron y debieron ser investigados y procesados, cada uno en circunstancias distintas y tiempos diversos, los dos contaron en su momento con la protección del Presidente quien les garantizó impunidad.
Durante el sexenio de Calderón, el escandaloso enriquecimiento inexplicable de García Luna, y los señalamientos y pruebas constantes de que estaba involucrado con el Cartel de Sinaloa y los Beltrán Leyva, debieron ser razón suficiente para que Calderón lo sacara de su equipo de gobierno. En lugar de eso lo mantuvo.
Cuando en 2014 miembros del Ejército Mexicano participaron en el ataque contra los normalistas de Ayotzinapa y la desaparición de 43 de los estudiantes, Cienfuegos mintió y protegió a los participantes.
De acuerdo a mi investigación, el ataque fue ordenado por un importante capo del Cartel de los Beltrán Leyva quien quería recuperar un cargamento de droga que iba oculto en dos autobuses que, sin saberlo, los estudiantes habían secuestrado para usarlo para viajar a una manifestación. Denuncié esto desde 2016 con pruebas documentales.
Hoy, Cienfuegos está detenido en Estados Unidos, acusado justamente de proteger a una facción del Cartel de los Beltrán Leyva conocida como Cartel H2.
Curiosamente, tanto García Luna como Cienfuegos repetían constantemente que luchaban contra el crimen organizado. Gritaban arengas públicas contra los carteles de la droga, pero en realidad eran parte orgánica de ellos. Encarnaban la representación más brutal del Estado desviado, que en vez de custodiar y hacer cumplir la ley la torcía a cambio de sobornos, según las pruebas del gobierno estadounidense en contra de ambos.
La parte acusadora contra los dos ex Secretarios de Estado es el equipo del Fiscal Richard Donoghue y su brazo derecho, Michael Robotti, de la Corte de Distrito Este de Nueva York. Los mismos fiscales que formularon y presentaron la acusación contra Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, uno de los cabecillas del Cartel de Sinaloa, sentenciado a cadena perpetua en enero de 2019.
El caso crecerá
Hay que ser ciegos para no entender que, de facto, la Fiscalía de Distrito Este de NY está comenzando un maxiproceso histórico contra el sistema de narco-corrupción en México. Y no se detendrán. Van por más representantes de esta clase de narco-servidores públicos al más alto nivel.
Por primera vez en México el narco-estado está siendo sacudido. Como ya había advertido yo en otras colaboraciones, la detención de García Luna fue solo el comienzo.
El ejemplo del trabajo de la Fiscalía de NY exhibe en forma clara las deficiencias de la propia Fiscalía General de la República en Mexico y de todo el sistema de justicia. Ni aun en los tiempos de la autodenominada “Cuarta Transformación” se ha logrado llegar a atacar al núcleo del problema principal de Mexico que es la narco-corrupción.
Al hablar sobre la detención de Cienfuegos el viernes pasado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que García Luna y el General representaban la decadencia del sistema neoliberal, pero que ese sistema no existía más.
No es verdad. Se equivoca el Presidente. Ese mismo sistema sigue enquistado en su propio partido político MORENA y un claro ejemplo es Omar García Harfuch, el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Obtuve copia de su expediente policiaco y no sólo pude probar que es parte del equipo de García Luna y Cárdenas Palomino, este último su mentor, protector y amigo. Sino que en 2012 la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal a la que pertenecía inició un proceso en su contra porque reprobó los exámenes de control de confianza que por ley debía cumplir para estar en la policía. Determinó que no cumplía con el perfil para estar en la policía.
Dicha Unidad corroboró que el hoy Jefe de la Policía capitalina hacía detenciones arbitrarias, cateos sin orden judicial y negociaciones con el crimen organizado. En la prueba del polígrafo que según expertos tiene el 98 por ciento de confiabilidad le preguntaron “¿mantienes compromisos con la delincuencia organizada?” Y mintió en su respuesta en al menos tres ocasiones, delatando así su complicidad.
Por esto y otras razones se pidió su expulsión, pero Cárdenas Palomino, acusado en NY junto a García Luna de narcotráfico y de proteger al Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva, lo protegió y lo dejó insertado en los aparatos de seguridad pública hasta llegar a donde está ahora.
La información y documentos los publiqué la semana pasada en México en Aristegui Noticias. Y, como pasó en los tiempos de García Luna, Cárdenas Palomino y Cienfuegos, pese a la evidencia, la gobernadora Sheinbaum lo protege y justifica. Como Calderón y Peña Nieto lo hicieron en el pasado con García Luna y Cienfuegos.
No me sorprende. El sistema mexicano desviado ha sobrevivido justo por los mecanismos internos de protección. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre el presente y el pasado? ¿Por qué no se atiende las señales públicas de alerta de que un funcionario no solo no es idóneo sino que es peligroso para ocupar un cargo público? ¿Hay que esperar a que una corte estadounidense siga haciendo la limpieza en México? ¿O el sistema mexicano es capaz de sanearse a sí mismo? El caso actual de García Harfuch demuestra que no, que ni aún en los tiempos de la 4T eso es posible.
Y quizá es justo por eso que en USA algunos tienen anotaciones claras de la actuación de García Harfuch.