Durante décadas el combate al lavado de dinero en México ha sido mínimo, por no decir inexistente. En las diferentes administraciones, ya sea encabezadas por el PRI o por el PAN, las políticas públicas del combate al narcotráfico establecidas durante los últimos 50 años -muchas de ellas de clara simulación- nunca habían estado focalizadas en arrebatar a los prolíficos carteles de la droga mexicanos sus millonarias ganancias. Por supuesto no era por ignorancia, sino porque una parte de ese dinero llegaba en forma de sobornos a expresidentes y/o sus familiares, secretarios de Estado, gobernadores, congresistas, políticos y empresarios.

Se arrestaba a los capos de diferentes organizaciones, dependiendo de las simpatías o antipatías del gobierno en turno, así como sus alianzas corruptas, pero nunca se utilizaba la inteligencia financiera para arrebatarles sus cuentas bancarias, bienes muebles e inmuebles, y sobre todo, no se hacía un desmantelamiento a toda la estructura “legal” que da soporte a cada uno de estos carteles. Es decir, las empresas a través de las cuales trafican o lavan el dinero proveniente de la droga.

Por eso, poco impacto ha tenido la detención o incluso asesinato de capos; mientras su dinero siga sin ser tocado, el cartel siempre tendrá la posibilidad de continuar con sus negocios ilícitos. La maquinaria criminal dentro y fuera de la legalidad continúa su curso, pervirtiéndolo todo a su paso.

El gobierno del actual presidente Andrés Manuel López Obrador sin duda alguna tiene grandes deficiencias en su estrategia para combatir a los poderosos carteles que operan en México y a otras organizaciones criminales. En materia de seguridad pública, justicia y combate a la pobreza no hay una estrategia clara ni eficaz, los números de homicidios, de desaparecidos, y los casos de abuso de autoridad por parte del Ejército Mexicano y ahora la Guardia Nacional -sustituta de la monstruosa Policía Federal- continúan. Ahora al menos no lo esconden, pero continúan.

Pero hay un área en el gobierno de AMLO que está sentando un precedente y parteaguas no sólo en México, sino incluso en todos los lugares del continente donde los carteles mexicanos tienen una gran influencia: se trata de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que dirige el Dr. Santiago Nieto con un valioso equipo de colaboradores, quienes se han propuesto la titánica misión de cerrar la llave de dinero e instrumentos de lavado a la mayor cantidad de organizaciones criminales posibles.

En 2020 han desarrollado un programa que es conocido como la “Operación Agave Azul”, que sin duda debería convertirse en un modelo de investigación para combatir el lavado de dinero en todo el continente. El nombre no es casual. El agave azul es una planta cactácea del cual se produce el internacionalmente famoso tequila mexicano, cuyo principal lugar de producción es el estado de Jalisco.

El objetivo de la “Operación Agave Azul” fue asestar un golpe en el núcleo financiero del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que si bien no es el cartel más importante de México, sí es uno de los que más violencia genera y se encuentra, además, en una etapa de extensión territorial. Hasta ahora se desconoce la historia detrás del operativo y aquí la narro.

Guerra civil en el cartel

Por fuentes de inteligencia llegó a los gobiernos de Estados Unidos y México el rumor de que Nemesio Oceguera Cervantes, alias “El Mencho”, estaba muy enfermo y podría morir en poco tiempo, desatando al interior del cartel una guerra desalmada que aumentaría el nivel de violencia en México.

Para evitar que los posibles sucesores de “El Mencho” tuvieran dinero para la guerra de sucesión, ambos gobiernos colaboraron para ubicar al menos parte de los recursos monetarios de la organización, congelarlos, y así intentar contener esa guerra en ciernes.

En un útil intercambio de información sensible entre la UIF y la agencia antidrogas de Estados Unidos DEA, se cruzaron datos y se logró ubicar a 1.669 personas relacionadas con el CJNG, no sólo “El Mencho” y su familia, sino que todas sus relaciones colaterales. Esto arrojó el mapa de una inmensa red a través de la cual el cartel realiza el lavado de su dinero ilícito.

Con esa lista, la UIF se dedicó a ubicar a esas personas a través de todos los bancos de datos financieros a los que tiene acceso. Así descubrió las diez principales entidades federativas -de 32 que integran México- donde operan estos ‘soldados’ financieros del cartel. Más allá del nombre de la organización criminal, fue el Estado de Jalisco, cuyo actual gobernador es Enrique Alfaro, donde se encontró que estas personas realizaban más del 60% de las operaciones financieras. En segundo lugar la Ciudad de México, cuya gobernadora es Claudia Sheinbaum. Luego siguen Michoacán, Estado de México, Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Nayarit y Sinaloa -en la misma posición- y Quintana Roo.

Así se detectaron los nombres de personas y empresas que realizaron operaciones financieras “inusuales” por 2.251 millones de pesos mexicanos (105 millones de dólares), operaciones financieras “relevantes” por 11.478 millones de pesos (532 millones de dólares) y transferencias internacionales de 3.178 millones de pesos mexicanos (148 millones de dólares).

Sigue el dinero…

Aún con los estrechos recursos legales con los que cuenta la UIF, los cuales son usados en todo su potencial, se logró congelar cerca de 1.300 millones de pesos mexicanos (60 millones de dólares) el 29 de mayo de 2020. Un golpe certero, sin duda, aunque falta el apoyo de la Fiscalía General de la República que encabeza Alejandro Gertz Manero y del Poder Judicial para convertir esta “Operación Agave Azul” en sanciones penales contra los lavadores de dinero del cartel.

Pero más allá de las monumentales cifras de lavado de dinero del CJNG y la penetración financiera del cartel en Jalisco y a nivel nacional, la UIF descubrió en su investigación una cosa terrorífica, que ha sido mi hipótesis durante los últimos 15 años que llevo investigando a los carteles de la droga en México, particularmente al Cartel de Sinaloa.

Y lo que descubrió es que si el gobierno de México congelara las cuentas de todas las empresas vinculadas al CJNG, una buena parte de la economía del Estado de Jalisco quedaría paralizada, afectando el salario y las plazas de trabajo de miles y miles de personas. Es decir, la penetración del dinero proveniente de éste y muchos otros carteles es de tal nivel que una buena parte de esa economía depende de los flujos del dinero criminal.

Esta ha sido mi hipótesis cuando analizo el casi nulo combate al lavado de dinero en el mundo. El secreto encontrado tras las finanzas del CJNG por la UIF aplicaría a muchas otras organizaciones criminales de México y el mundo. ¿Cuál sería la economía real del voyante Estado de Jalisco sin el dinero de “El Mencho” y sus cómplices? ¿Cuál sería la economía real del mundo sin el dinero sangriento, sucio de las organizaciones criminales?

Esa economía de ficción donde los beneficios del dinero sucio quedan en grupos pequeños que concentran poder, ¿es útil? ¿Para quiénes? Mientras sus manos se llenan de dinero, México se sigue llenando de violencia y fosas clandestinas.