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Sumida en una cuarentena interminable y con una economía devastada. Así aborda Argentina una polémica reforma judicial que vuelve a recrudecer la polarización en el país.
“Argentina tiene una tendencia histórica a la reforma judicial”, dice a DW Mariana Llanos, investigadora del Instituto de Estudios Latinoamericanos GIGA, con sede en Hamburgo.
“Un clásico es cambiar el número de integrantes de la Corte Suprema para afectar la composición. La designación y destitución de jueces, así como la creación de nuevos cargos, son temas que han tendido a ser politizados. Cuando el tema de la reforma judicial vuelve a la luz, los argentinos se ponen alerta”, explica.
Y no solo eso: la vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, tiene varias causas pendientes con la Justicia y eso levanta sospechas sobre un proyecto que precisamente su Gobierno impulsa.
“Al no saber el ciudadano común por qué se aborda en este momento, uno puede llegar a la conclusión de que el apuro por parte del Gobierno debe tener alguna relación con la situación de la expresidenta Kirchner”, dice a Deutsche Welle Olaf Jacob, representante en Argentina de la Fundación Konrad Adenauer (cercana al partido democristiano alemán CDU).
¿Reforma oportuna u oportunista?
Esa es una sensación de parte de la ciudadanía, pero ¿hay pruebas? “Hay indicios”, responde Olaf Jacob. “Por ejemplo, que un abogado de Cristina Fernández forme parte del grupo que ha de jugar un rol de consultoría en la reforma. Ahí se ve más claro el vínculo con el tema de la impunidad”, dice Jacob, desde Buenos Aires.
Por su parte, Sergio Balardini, director del proyecto político en Buenos Aires de la Friedrich Ebert Stiftung, cercana al partido socialdemócrata alemán SPD, no cree que tenga que ver con la propia situación judicial de Kirchner: “Se trata de una reforma organizativa e instrumental, de traspasos y creación de juzgados en diferentes provincias, sobre conflictos en competencias, transparencia en la elección de juezas y jueces y perspectiva de género”.
Consenso y oportunidad
Ángeles trabaja como parte del personal civil superior de una de las ramas de las Fuerzas Armadas de Argentina y acudió a la protesta contra el Gobierno en la provincia de Buenos Aires.
“Acá se hizo un banderazo en auto”, relata a DW. “Se ha dicho que fue la marcha de ‘los anticuarentena’. No es así. Mucha de la gente que salió ayer votó a este presidente”, prosigue Ángeles. ¿Los motivos para la protesta? “Por un lado, libertad. Somos adultos, sabemos cuidarnos, no puede haber un país parado meses y meses, con negocios cerrando….”
“El otro motivo es la reforma judicial. No me parece que esa sea una prioridad de la ciudadanía, sino del oficialismo, concretamente de la vicepresidenta. Con un país económicamente quebrado y la enorme desocupación, gastar millones de pesos que no tenemos para poner más jueces… Hay cosas más urgentes. Además, las reformas como estas tienen que ser consensuadas, habladas, durar tiempo. No es el momento. El país necesita volver a la actividad”, argumenta Ángeles.
La investigadora Mariana Llanos destaca también la cuestión del consenso: “Es un tema de procedimiento y de oportunidad. Reformar la Justicia es modificar las reglas de juego del sistema democrático. Tiene que haber altos niveles de debate, de consulta, y de acuerdo, y todo ello requiere tiempo y transparencia. Eso conecta con la cuestión de la oportunidad. Nunca es el momento perfecto, pero, en medio de las desgracias de la pandemia, los argentinos se preguntan por qué justo ahora. Se entiende que haya desconfianza”, admite Llanos.
Para Olaf Jacob, la reforma se mezcla con la crisis originada por el coronavirus y con el cansancio de los argentinos ante la ambivalencia del actual Gobierno sobre algunos temas, por ejemplo, el de la aparente intervención de la empresa Vicentin, sobre la que después se echó marcha atrás.
La necesidad de una reforma judicial
Por otro lado, la reforma judicial es algo que estaba en el programa electoral del actual Gobierno. “También Macri la anunció cuando asumió en 2015”, acota Olaf Jacob.
“El simple hecho de avanzar con este tema es racional y comprensible. Sin embargo, se esperaba también una reforma a nivel de juzgados de provincias, muy cargados con trabajo que no pueden avanzar”, destaca Jacob.
“Es importante señalar que sí hace falta modificar muchas cosas en la Justicia, por ejemplo, la escasa digitalización, que prácticamente paralizó las labores durante la pandemia. Eso debería ser una prioridad, porque mejoraría y democratizaría el acceso a la Justicia, en vez de dejarlo en la oscuridad y en las manos de unos pocos”, apunta, por su parte, Mariana Llanos.
Sergio Balardini, de la Friedrich Ebert Stiftung, apunta a que “la polarización política no ayuda a una discusión sin crispación. Por esa circunstancia, esta reforma podría constituir un avance en la modernización de la justicia, pero deja otras cuestiones relevantes sin tratar”.
Puntos polémicos
Un punto controvertido del proyecto del Ejecutivo es el deber de los jueces de comunicar de forma inmediata al Consejo de la Magistratura -el órgano de control de los jueces- cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de “poderes políticos o económicos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole”.
“¿Cómo van a controlar algo así?”, se pregunta Olaf Jacob al respecto. Sergio Balardini, por su parte, considera que, “en rigor, si esos hechos suceden, deberían ser denunciados como presiones a la Justicia, sin necesidad de ese artículo”.
Además, por impulso del senador oficialista Oscar Parrilli, se incluyó en ese artículo una iniciativa sobre los “poderes mediáticos”.
Christopher Barnes, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), dijo que es preocupante que “se busque por ley coartar la libertad de prensa, ignorando lo que dicta su propia Constitución sobre estos conceptos”.
Para Sergio Balardini, este punto “actualiza tensiones con poderosos grupos mediáticos y no era parte del proyecto original del Gobierno”, sino que se introdujo en el debate en comisiones del Senado y es dudoso que vaya a sostenerse.
Según Olaf Jacob, “el tema es muy delicado, porque ¿qué es una presión mediática? ¿Un artículo crítico en relación a un dictamen de un juez? Si es así, la libertad de expresión corre peligro de ser cercenada”, advierte Jacob.
