“Hay presidentes que se suicidaron, otros están en la cárcel, y en México no pasaba nada”, resumió el fiscal general Alejandro Gertz Manero la trama de corrupción de Odebrecht por un monto de 788 millones de dólares, que involucró a presidentes, funcionarios y empresarios de 12 países América Latina y África durante los últimos 20 años, revelada por una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos en diciembre de 2016.

Durante una conversación con académicos organizada por el Colegio de México, bajo la conducción del politólogo Sergio Aguayo, el fiscal reconoció que hubo un pacto de impunidad amparado bajo la llamada dictadura perfecta.

Con ello aludió a la frase acuñada por el escritor Mario Vargas Llosa en 1990 sobre las siete décadas de gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuya última Administración tuvo como presidente a Enrique Peña Nieto (2012-2018). En la trama también estaría implicado su predecesor, el expresidente Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional (PAN).

Gertz Manero explicó detalles sobre las primeras declaraciones de Emilio Lozoya, director de Pemex entre 2012 y 2016, extraditado a México desde España en julio pasado, acusado de varios delitos.

“Ganamos todas las instancias ante todas las cortes españolas. Eso provocó que este individuo (Lozoya) hiciera el ofrecimiento de cooperar. Él dice que eso lo excluye de ciertas responsabilidades, eso lo vamos a ver. Estos casos no son los únicos, ni dentro, ni fuera de Pemex, son varios, y van a seguir”, destacó Gertz Manero, que aseguró que paralelamente al proceso de Lozoya se abrirán otras investigaciones contra los implicados por el ex-funcionario.

El fiscal estimó que el desahogo de un universo de pruebas presentadas por Lozoya, que comprenden un video, varios recibos y la mención de cuatro testigos, tomará unos seis meses.

“Hay que comprobar, de lo que dijo, qué es verdad jurídica para imputar a terceras personas”, aseguró, y explicó que son dos casos los que ahora se investigan en paralelo: el que implica a Lozoya, y otro proceso con la denuncia que él ha hecho y con base a las pruebas que está presentando. “Es común que se produzca una acumulación de casos”, aseguró.

Peña Nieto y Videgaray

En sus primeras declaraciones; Lozoya señaló que el ex presidente Enrique Peña Nieto, y el ex secretario de Hacienda Luis Videgaray, le ordenaron entregar más de 100 millones de pesos (8 millones de dólares) de sobornos de Odebrecht a asesores electorales extranjeros que trabajaron en la campaña presidencial de 2012.

Lozoya también acusó a Peña Nieto y Videgaray de comprar votos para las reformas estructurales en 2013 y 2014, entre ellas la energética, que abrió a capitales privados la inversión en Pemex después de 75 años de monopolio.

“Si consideramos únicamente los delitos electorales que corresponden a 2012 cuando Lozoya dice que se financió la campaña electoral con 100 millones de pesos de sobornos de Odebrecht, ahí el delito electoral ya prescribió porque la ley establece 5 años de vigencia”, afirma el analista Raúl Olmos.

“Pero la acusación contra Lozoya por los delitos de 2012 no tienen que ver con delitos electorales, sino con lavado de dinero y uso de recursos de procedencia ilícita, entonces el mismo delito por el que se le acusa a Lozoya es previsible que se aplique a Peña Nieto y Luis Videgaray”, añade Olmos, que ha investigado y publicado sus indagaciones sobre el caso en el portal de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

En conversación con DW, Olmos destaca que los otros sobornos repartidos en 2013 y 2014 son otros delitos, porque tanto Peña Nieto como Videgaray y el mismo Lozoya ya eran funcionarios públicos.

“Se puede hablar de cohecho en el caso de la compra de votos para las reformas estructurales y la reforma electoral. El dinero del que habla Lozoya es gigantesco, si ese dinero provino además, de fondos públicos, se podría fincar el delito de peculado, que equivale a robo de recursos públicos. Serían tres delitos los que se les podría imputar a los involucrados: presunto lavado de dinero, peculado y cohecho”, afirma.

Continuarán los casos

Gertz Manero explicó que se han asegurado todos los bienes de Lozoya a los que se ha tenido acceso, y que seguirán las diligencias en Europa y en otros países.

“Se aseguraron propiedades por 400 millones de pesos (casi 18 millones de dólares). Lo que se busca es garantizar la reparación del daño, que se valora en ese monto. Se trata de los inmuebles que conocemos, una mansión en Ixtapa y la residencia en Lomas de Chapultepec”, asegura Olmos, que investigó la adquisición de la propiedad de Ixtapa, Zihuatanejo, realizada a través de un alto funcionario de Altos Hornos de México, en representación de la esposa de Emilio Lozoya.

La investigación de Olmos sostiene que la adquisición de la residencia a favor de la esposa de Lozoya se efectuó en julio de 2013, doce días después de que Pemex autorizó incluir en su cartera de inversiones la compra de Agro Nitrogenados, una planta de fertilizantes de Altos Hornos de México, que tenía 14 años sin operar.

Agro Nitrogenados habría sido comprada con un sobrecosto estimado de 620 millones de pesos. El fiscal Gertz Manero aseguró que fueron las demandas de funcionarios de Pemex, lo que permitió iniciar las investigaciones del caso.

La prensa alemana se hizo eco de las revelaciones del diario sensacionalista Bild sobre el cateo de dos propiedades inmobiliarias en la región de Baviera, un departamento en Múnich y una mansión con vista al lago de Starnberg en las afueras de la capital bávara.

La fiscalía muniquesa investiga por lavado de dinero a Lozoya y a su esposa Marielle Helene Eckes, heredera de la familia fundadora de la empresa productora de jugos Eckes Granini. Una solicitud de entrevista fue denegada a DW por la fiscalía de Múnich, argumentando el sigilo de las investigaciones.

Según las imputaciones, Lozoya dispersó los recursos recibidos de Odebrecht en cuentas bancarias de su madre Gilda Margarita, su hermana Gilda Susana y su esposa Marielle Helene Eckes.

Parte de estos recursos fueron utilizados por Marielle Eckes para la compra de la mansión en Ixtapa, Zihuatanejo. De las tres mujeres, solo la madre de Lozoya, Gilda Margarita, se encuentra bajo arresto domiciliario, después de ser arrestada en Alemania y extraditada a México el año pasado.

Gilda Susana y Marielle Helene Eckes se encuentran prófugas de la justicia. Según el diario Süddeutsche Zeitung, Lozoya y su esposa vacacionaban regularmente en Alemania, en donde Lozoya habría participado como inversionista en varias empresas alemanas con sede en Múnich.

Felipe Calderón, también en la mira de la fiscalía

El semanario Proceso señala que Felipe Calderón, primero como secretario de Energía, en 2003 y luego como presidente, en 2007, ideó el contrato Etileno XXI para favorecer a Marcelo Odebrecht, propietario de la empresa brasileña, que se convirtió en una plataforma fraudulenta para mover millones de dólares a diversos países.

Proceso agrega que al terminar su gestión en 2012, Calderón le endosó a Enrique Peña Nieto la tarea de facilitar a Odebrecht la ingeniería financiera, una trama de sobornos transexenal que involucra al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

“Lo novedoso de este caso es que es la primera vez que son señalados dos ex presidentes. Porque en la denuncia que hizo Lozoya hizo referencia en forma indirecta a Felipe Calderón, quien aprobó el proyecto de la planta de Etileno XXI. Su acusación involucra a dos ex presidentes y eso es algo inédito, que no habíamos visto en nuestro país”, afirma Olmos.

Las investigaciones en torno a Odebrecht fueron iniciadas al crearse la nueva Fiscalía General de la República, tras una reforma consitucional que dotó al organismo de plena autonomía con respecto al poder Ejecutivo. Alejandro Gertz Manero es el primer fiscal cuya gestión de nueve años concluirá en 2027.

El fiscal general negó que su dependencia informara sobre el caso al presidente Andrés Manuel López Obrador, que se ha pronunciado al respecto en las conferencias mañaneras.

“Si la familia del imputado ha hablado con el Ejecutivo eso no lo podemos reclamar ni impedir”, dijo, pero aseguró que su dependencia no puede filtrar información para usos con fines políticos.

“El fondo del asunto es tan grave que no se va a resolver con un caso como éste. Esto no va a eliminar conductas dobles en las que se puede ser corrupto y saqueador y al mismo tiempo buena persona; que se pueden tener 4 o 5 máscaras según convenga, pero se va destruyendo al país y la moral pública”, dijo el fiscal.

“La tragedia social en la que hemos vivido en los últimos años es el resultado de un sistema que está hecho para delinquir y para saquear. Unos 36 millones de delitos son cometidos al año, de ellos el 99% quedan impunes. El sistema político mexicano se hizo a partir de una revolución armada para que la Justicia fuera un patrimonio del poder, no un derecho de los ciudadanos, y mientras eso no cambie podremos ganar algunas batallas, pero la guerra la tendremos perdida”, concluyó.